Un 25 de Octubre pero de 2009, un 48% de los uruguayos votaron por el SI buscando la anulación parcial de una norma que impidió juzgar a militares por crímenes durante la dictadura.
La historia se repetía en 2009, nuestros ciudadanos votaban en un plebiscto para decidir si se enmieda la Ley de Caducidad, la norma que impide juzgar a los militares por los crímenes de la dictadura que tuvo lugar entre 1973 y 1985. La ley se aprobó en 1986, bajo el primer gobierno de Julio Sanguinetti y un referéndum no pudo revocarla en 1989.
Veinte años más tarde, se vota para decidir si se habilita una enmienda constitucional para la anulación parcial de la ley. La consulta se hace el mismo día de la primera vuelta que colocará a José Mujica y Luis Lacalle Herrera en el balotaje.
El Sí a la enmienda alcanza el 48 por ciento de los votos. Al no superar el 50, se mantiene vigente la ley.
EN LA MIRA INTERNACIONAL
La Ley de Caducidad provocó varios «dolores de cabeza» a Uruguay en el plano internacional e incluso hizo que el país fuera observado en informes y condenado.
El integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández cuenta a Efe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observa al país por esta ley «desde 1992» con un informe que asegura que la normativa «es incompatible» con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
En muchas áreas Uruguay es ejemplo internacional, desde su civismo hasta la estabilidad política, social, económica o incluso con el control de la pandemia por la COVID-19.
Tener una legislación nacional que contradiga a los organismos puede tener repercusiones en distintos ámbitos, como integrar puestos en Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos (OEA).
