Se autorizó el allanamiento este viernes de la radio Azul FM y del domicilio del conductor del programa, Ignacio Álvarez, «con el fin de obtener evidencias útiles para la investigación, verificar el origen y contenido cabal de las grabaciones reproducidas [el martes en el programa La Pecera], así como las cesiones que hubiera realizado de dicho material».
La Policía allanó en la tarde de este viernes la radio Azul FM a raíz de la investigación por la difusión de audios con contenido sexual, registro grabado por uno de los imputados esta madrugada por abuso sexual especialmente agravado.
La fiscal Mariana Alfaro solicitó a la jueza Patricia Rodríguez Barreto esta serie de medidas, las que fueron aceptadas por la magistrada, como revela un documento al que accedieron los colegas de Montevideo Portal.
Además, la jueza autorizó incautar y registrar en los allanamientos los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (pendrives, discos duros) «propiedad o detentados por el sr. Ignacio Álvarez, de uso personal o de uso de la producción del programa», con el fin de «constatar el contenido del material audiovisual recibido, difundido, cedido» y «comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado con contenido íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados».
La jueza avaló además el pedido de realizar el cambio de contraseñas, de dispositivos, aplicaciones y redes «a fin de que no se frustre la investigación en forma remota, como solicita Fiscalía».
Álvarez se expresó en sus redes sociales este viernes. «Después de la inédita denuncia queme hicieron legisladores del FA, hoy la Justicia libró una peligrosa orden que atenta contra la libertad de prensa y el derecho de todos ustedes a estar informados. Por eso no entregué mi celular y voy a recurrir la sentencia», publicó.
«Hoy de mañana una fiscal y una jueza ordenaron allanar Azul FM y mi casa, e incautar celulares y todo dispositivo electrónico de uso personal y del programa La Pecera, para de esa forma acceder a ‘comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado’. Es decir que mandaron a la policía a confiscar toda la información que tiene mi equipo periodístico, entre la que hay denuncias contra políticos y gobernantes, identidad de fuentes, de víctimas de delitos, etc. Así, con esa orden ilegal e inconstitucional pretenden forzarnos a revelar nuestras fuentes, un derecho fundamental consagrado en la ley e incluso en la Convención Americana de Derecho Humanos, que tiene mayor valor que la Constitución», expresó.
«Una orden que si se cumpliera sentaría un precedente grave e inédito que pondría en peligro el trabajo de los periodistas uruguayos y en consecuencia, el derecho de la gente a estar informada», agregó.
