La vicepresidenta de Argentina lanza sus “últimas palabras” a días de la sentencia por presunta corrupción en la adjudicación de obras públicas durante su Gobierno
Kirchner habló menos de 20 minutos, lejos de los largos discursos que supo dar en el pasado cuando le tocó defenderse en el juicio. Su primera aparición fue el 2 de diciembre de 2019. Ya en aquella ocasión denunció que era víctima de un “partido judicial” que tenía la sentencia escrita. La intención, según la vicepresidenta, es sacarla de la carrera política y cargar contra el peronismo, el movimiento que representa. “¿En serio creen que mi Gobierno hizo un fraude contra la Administración pública?”, preguntó a los jueces del tribunal. “¿Mi Gobierno, el que le pagó al Fondo Monetario Internacional? ¿Nosotros estafamos al país, cuando las condiciones de vida eran muy superiores a las de ahora? Los que trajeron al FMI y endeudaron al país en 45.000 millones, dinero que no sabemos dónde está, no tienen problemas, están en Qatar mirando el Mundial”, dijo, en referencia al crédito que el organismo multilateral concedió como salvataje financiero a Mauricio Macri en 2018.
“La sentencia está escrita, pero nunca pensé que estaría tan mal escrita”, disparó Kirchner. Y cargó una vez más contra los dos fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola. Los acusó de lanzar mentiras e injurias durante los 20 días que duraron los alegatos de la acusación. Para reforzar la idea del pelotón de fusilamiento, recordó que diez días después del pedido de condena en su contra un hombre intentó asesinarla en su casa. “Pero la bala no salió”, recordó sobre ese intento de magnicidio. “12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con esta causa. Durante la acusación se contaron cosas que no habían existido y se ocultaron otras. Y resulta ser que en los alegatos de la defensa se demostró que cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal no eran ciertas”, dijo Kirchner. Para completar su defensa, sus abogados subieron a las redes sociales un documento que titularon Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad.
La suerte ya está echada para Kirchner. Han pasado dos años y medio desde el inicio del proceso y solo resta la sentencia, prevista para el 6 de diciembre. Si finalmente es condenada, no irá presa, porque tiene fuero como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
Los fiscales acusan a Kirchner de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios sospechados de cobrar y empresarios sospechados de pagar. Según el argumento del fiscal Luciani, la expresidenta montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, condenado en 2021 a 12 años de cárcel por lavado de dinero, era el gran beneficiado con obras viales en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia.
En la lista de acusados hay otras 12 personas. Está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el hombre que manejaba el presupuesto de la obra pública. También Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Kirchner sostiene que todo el juicio es en realidad político, “un pelotón de fusilamiento que tuvo desde el principio el objetivo de estigmatizar un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.
“Es para que nadie nunca se atreva a hacer las cosas que hicimos nosotros: recuperar las AFJP [el sistema privado de pensiones que fue nacionalizado en 2008], recuperar YPF [la petrolera reestatizada en 2012] y pagarle a FMI [todo lo adeudado, en 2005]. Ha sido una acción disciplinadora de la clase política”, dijo este martes ante los jueces. Esos mismos jueces deberán ahora decidir si el fiscal ha probado que las decisiones de un Gobierno pueden considerarse fruto de una asociación ilícita, que por definición nace para delinquir. https://twitter.com/CFKArgentina/status/1597576603369775104?s=20&t=lJy6MrJauLP31rhgODzlMQ
