Más de 2.000 personas murieron este año en los barrios pobres de Venezuela durante operaciones de seguridad llevadas a cabo por las autoridades, dijo la ONU el viernes.
«Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad» en Venezuela, dijo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en Ginebra.
«Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de 2020» añadió.
De este total, que alcanza 2.039 personas, once eran mujeres y la edad media de los fallecidos era de 26 años.
La oficina de la Alta Comisionada, que tiene representantes sobre el terreno, informa regularmente al Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela.
La oficina siguió documentando casos de represión de manifestaciones pacíficas en el contexto del estado de alerta establecido desde marzo, incluidas las detenciones de manifestantes que protestaban contra la escasez de combustible y los bajos salarios y pensiones.
«Además, observamos restricciones a la libertad de expresión», dijo Bachelet, citando ataques a defensores de los derechos humanos y periodistas detenidos.
La expresidenta chilena también expresó su preocupación por una serie de medidas adoptadas por Caracas, en particular los cambios en el sistema electoral y la composición de la Asamblea Nacional, así como las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia «que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos»
«Es crucial que en los próximos meses se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos» dijo, y pidió «seguir trabajando en la construcción de acuerdos para alcanzar condiciones para el desarrollo de procesos electorales creíbles, libres, inclusivos y equitativos».
Michelle Bachelet también acogió con satisfacción la mayor cooperación de Caracas con su oficina y la reciente adopción de medidas positivas por parte del gobierno, como el indulto concedido a 110 personas.
Subrayando que la pandemia de coronavirus se sumaba a otras emergencias preexistentes, como la emergencia alimentaria, reiteró su llamamiento para que se levanten las sanciones económicas internacionales.
«La imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y bienes esenciales», dijo la Alta Comisionada.
Venezuela es objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, pensadas para poner al presidente Nicolás Maduro bajo presión, incluyendo un embargo sobre el petróleo, el principal recurso del país.
Fuente: AFP
