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La batalla de un trabajador rural para probar que se contaminó con agroquímicos

Julio De Los Santos es un trabajador arrocero que formó parte de la plantilla de Arrozal 33 y que hoy está en juicio laboral con la empresa. Julio denuncia que en el marco de su trabajo se intoxicó “por exposición a agentes tóxicos”.

La historia vale solo por lo que está pasando este trabajador, pero es importante además porque desde el del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines dicen que la situación de inseguridad laboral es un problema en el sector y que cuesta negociar con las empresas en este sentido.

Julio denunció su caso ante la Justicia y la Institución Nacional de Derechos Humanos y tiene un fallo del BPS que lo declara con una incapacidad total y absoluta para todo trabajo. 

No toquen nada habló con Julio de cómo espera con angustia y pesimismo un fallo de la Justicia.

Está en juicio por daños y perjuicios desde 2018 con Arrozal 33. Si bien el juicio está en el tramo final, es probable que aún le queden al menos dos años para que haya un fallo final.

Según consta en las actas judiciales, Julio culpa a la empresa por

imprudencia e incumplimiento de normas objetivas de protección y responsable de su enfermedad. Y le reclama “lucro cesante, daño emergente y daño moral”.

No toquen nada accedió a las pericias del Banco de Seguros del Estado, el Departamento de Salud Ocupacional del Hospital de Clínicas y a una pericia solicitada por la empresa

Julio ya no vive más en el predio del arrozal y tampoco en el departamento de Treinta y Tres. Hoy está en Ciudad del Plata, departamento de San José.

Él empezó a trabajar en octubre de 2014 en Arrozal 33 como oficial herrero. La Institución de Derechos Humanos recibió una denuncia de Julio y de su esposa Susana en el año 2017 por una “eventual intoxicación por exposición a agentes tóxicos en su lugar de trabajo”.

Al mismo tiempo se denunciaba la preocupación por parte de los sindicatos de trabajadores rurales y de trabajadores del arroz del departamento, sobre algunos temas que podrían constituir una “vulneración de derechos de este trabajador rural”.

Por eso Julio manifiesta ante la Institución la necesidad de mudarse del arrozal, y salir del departamento de Treinta y Tres.

El trabajador le dijo a la Institución de Derechos Humanos, y ahora a No Toquen Nada, que comenzó a trabajar en el arrozal en el taller de mantenimiento de maquinaria agrícola, entre otras para fumigación con la máquina que se llama Mosquito.

Relató que en abril de 2016 tomó contacto directo con residuos tóxicos ya que no contaba con los implementos necesarios para manipular tanques con restos de agroquímicos.

Julio de Los Saltos nos contó cómo era la vida en el Arrozal 33 antes del 2018, cuando se mudó a la casa en Ciudad del Plata (San José) que le ayudó a conseguir la Institución de Derechos Humanos.

“Yo vivía con la familia adentro de la misma empresa y allá es un pueblito con casita. Ellos te dan la casa, te pagan la luz. Las avionetas pasaban por encima de la casa nuestra, la pista no les daba para doblar y por eso iban por arriba de las casas. Había dos o tres avionetas fumigando continuamente. Nosotros estábamos en el medio”, dijo.

El trabajador asegura que tuvo contacto en más de una oportunidad con agroquímicos.

“Yo soldaba todo tipo de máquinas: consechadora, tarros, tractores, fumigadoras, mosquitos. Todo. Y en tiempo de siembre y cosecha esas máquinas están todas contaminadas. Las cosechadoras rompían en plena cosecha y no las lavaban, las traían para adentro del galpón. (…) Varias veces reparé los mosquitos. La última vez que los lavé estaban llenos de líquidos, chorreé todo el pantalón, hasta adentro de los championes tenía glifosato. Tenía que pedirle al encargado que me dejara irme a cambiarme y no me dejaba. Estuve como dos horas y pico mojado y sucio”, afirmó.

Julio denuncia que la exposición a agentes tóxicos se produce tanto a través de la fumigación aérea como por consumo de agua, dado que los tanques del mosquito se recargan en el mismo pozo que se extrae para abastecer al pueblo.

Salud:

En abril de 2016 comienzan los problemas de salud de Julio y fue derivado desde su mutualista al Banco de Seguros del Estado por patología respiratoria de posible relación laboral. Luego de varios estudios e internaciones durante el 2016 se constata en abril del 2017 que experimentó una enfermedad laboral “sufriendo lesión del Aparato Respiratorio” con diagnóstico de Fibrosis Pulmonar de etiología laboral.

Los especialistas en salud del BSE le recomendaron a Julio el alejamiento del arrozal, y para esta recomendación se tuvo en cuenta que el predio donde se ubican las viviendas de los trabajadores (propiedad de la empresa) se encuentra lindero al cultivo, y cercano al molino que genera polvillo residual.

Hoy Julio tiene graves afecciones a su salud con secuelas permanentes. Tiene indicado oxigenoterapia con uso de mochila de oxígeno, atención de salud en el Banco de Seguros del Estado y controles de seguimiento en su mutualista.

El 14 de agosto de este año la Comisión Técnica del BPS dictaminó que Julio configura una incapacidad total y absoluta para todo trabajo con un porcentaje de Baremo actual de 87.9%.El baremo reúne determinados criterios médicos que evalúan la incapacidad laboral, que en este caso es de casi 90%. Esa es la consecuencia de lo que le sucedió.

Los especialistas tanto del hospital de Clínicas como del Banco de Seguros entienden que la patología de Julio es de origen laboral.

Pero la empresa se defiende. El 18 de agosto del 2020, Alejandra Rey, médica neumóloga e internista, hace una nueva pericia solicitada por la empresa. En este informe Rey señala que no se puede afirmar con certeza cuál es el origen de la enfermedad.

El 3 de enero de 2018, fue la primera audiencia contra Arrozal 33. Julio le dijo a No toquen nada que estaba cansado: «me voy a morir y no termina el juicio». La empresa aún no se declaró responsable. 

Fuente: 180.

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Diputado Vega presentará su proyecto para prohibir los agrotóxicos.

El representante del PERI luego de votar la Ley de Presupuesto, ingresará una iniciativa para que se prohíban todos los productos que son ilegales en Estados Unidos, Europa y Japón.

“Vamos a presentar un proyecto de ley que es muy sencillo”, dijo a la diaria César Vega, el único diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Se trata de una iniciativa de la que viene hablando desde la campaña electoral, para prohibir los agroquímicos tóxicos. El diputado dijo que, como en el texto legislativo no se puede usar el adjetivo “tóxicos”, el proyecto establecerá que se prohíban todos los agroquímicos que son ilegales en Estados Unidos, Europa y Japón. Según Vega, el proyecto no los detallará, pero son cerca de 20 productos que se usan actualmente en Uruguay.

“Me gusta que la gente hable del asunto. Van a decir: ¿entonces, el glifosato está prohibido? Y contesto que no, que va a caer cuando caiga en Estados Unidos, Europa y Japón, que será dentro de unos tres años. Cuando esto esté en la consideración de la gente, yo mismo voy a decir cuáles son los productos que se están usando acá y no se usan allá, pero el proyecto no lo va a decir porque no tiene porqué decirlo”, señaló Vega.

El diputado recordó lo que sucedió en diciembre de 2019, cuando en Italia fue rechazado un contenedor con 23 toneladas de naranjas uruguayas por residuos de Fentión, un pesticida que está catalogado como Clase II por la Organización Mundial de la Salud, lo que implica que es “moderadamente peligroso” para la salud humana y el medio ambiente. Vega señaló que si en ese momento hubiera estado vigente el proyecto de ley que quiere presentar, el Fentión no hubiera causado problemas, ya que está prohibido en esas regiones. “Y así con otros productos. Después, en la medida en que un producto va cayendo, cae automáticamente en Uruguay”, sostuvo Vega.

El diputado dijo que presentará el proyecto luego de que se vote la Ley de Presupuesto y que ya lo tiene hablado “con bastante gente” dentro del Parlamento, que en general “le da para adelante”, tanto de la coalición de gobierno como del Frente Amplio (FA).

Cabe recordar que en mayo de 2019 los entonces diputados Eduardo Rubio (Unidad Popular) y Darío Pérez (FA) presentaron un proyecto de ley para prohibir específicamente los agrotóxicos insecticidas, formulados en base a neonicotinoides, en particular el Imidacloprid, el Acetamiprid, la Clotianidina y el Tiametoxan” -en total, eran más de una docena-. Pero el proyecto quedó estancado en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la cámara baja y en marzo de 2020 se archivó.

Según Vega, su proyecto entrará por la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, que él integra, así que su tratamiento le va a resultar “bastante más fácil”.

Fuente: La Diaria.

Cesar Vega, durante la votación de la Ley de Urgente Consideración, este miércoles, en Diputados.
Foto: Federico Gutiérrez

Foto de portada en Espectador 810.