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Tres exintegrantes del Sunca condenados por desvío millonario, de dólares del Fondo de Vivienda

La Fiscal del caso analiza citar al diputado Daniel Diviero y al senador Óscar Andrade, ambos representantes del Partido Comunista y que fueron señalados por los implicados:

Tres exintegrantes del Sindicato de la Construcción (Sunca) fueron condenados este jueves en proceso abreviado por el desvío de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).

La Fiscalía les imputó coautoría de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado por transferencias no autorizadas del Fondo Social de Vivienda.

A pedido del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3º turno, Gilberto Rodríguez, se los imputó y condenó como coautores de delitos de apropiación indebida, estafa, asociación para delinquir y asistencia al lavado, informó la Fiscalía. Para dos de ellos se dispuso una pena de 2 años y un mes de cárcel, y para el otro de 2 años y tres meses de condena.

La investigación del caso continúa con respecto a otras personas, se indicó desde Fiscalía.

El fiscal analiza la citación del diputado del Frente Amplio, Daniel Diverio, y del senador frenteamplista, Óscar Andrade, en el marco de una investigación administrativa que, en principio, no incluiría una formalización.

Santiago Bernaola, Bruno Bertolio y Víctor Rivero fueron detenidos el miércoles por la Policía en el marco de la investigación de la Fiscalía y este jueves resultaron condenados. El sindicato los había expulsado meses atrás cuando detectó las irregularidades.

A fines de enero, el Sunca y la Cámara de la Construcción, que coadministran el fondo, presentaron una denuncia penal tras detectar 193 transferencias no autorizadas de la cuenta bancaria del fondo a personas particulares por un monto cercano al millón de dólares.

Por su parte, el abogado del Fosvoc, Óscar López Goldaracena, pidió que la investigación continúe para que el dinero aparezca y sea devuelto. El representante legal del fondo destacó el trabajo de la Fiscalía y de la Policía en el caso, y aseguró que hay al menores once involucrados más en la maniobra.

«Las víctimas son los obreros, porque se le robó dinero a los obreros. Estamos hablando de más de un millón de dólares. Entonces, debe continuarse la investigación hasta determinar efectivamente dónde fueron los fondos y que ese dinero se devuelva», reclamó.

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Casa de Galicia: MSP presentó denuncia contra autoridades por varios delitos

Estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin fondos, y usura, entre otros:

El Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia penal contra las autoridades de Casa de Galicia por estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin fondos, y usura, entre otros delitos.

Según publica el diario El Pais, la denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra las autoridades de lo que fue Casa de Galicia incluye una larga lista de irregularidades que van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, la adquisición de la Clínica Leborgne en Punta Carreta por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa, y una maniobra a través de una casa de cambios por la cual su expresidente de la institución, Alberto Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de 180.000 dólares que no volcó a la mutualista pese a que estaba destinado a financiar actividades de la empresa.

El informe de la auditoria incluido en la denuncia señala que se advirtió del pago de “tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.

El texto también afirma que pocos días después de solicitar el concurso, el ex presidente de Casa de Galicia “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.

Y que el ingreso de dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias “carecía del debido control sobre el origen de los fondos”. Y que todo el proceso de compra, desde la identificación de la necesidad de productos o servicios, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización de pago, dependía de Iglesias y una persona de su confianza, “que se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”.

La denuncia también destaca que las retenciones efectuadas a los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia — para el pago de alquileres, cuotas del Banco Hipotecario, de cooperativas de ahorro y crédito, o de la Agencia Nacional de Viviendas— “no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes”.