Una delegación encabezada por el Ministro de Salud Pública Dr. Daniel Salinas, se reunió con la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para plantear su opinión respecto a la vacunación tardía en el Hogar de Colonia Valdense que concluyó con el fallecimiento de cinco internos por COVID 19:
La reunión, además, se dio en el marco de un informe dado a conocer por la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) a raíz de una denuncia presentada por los familiares de las personas fallecidas y por parte de los representantes de la Iglesia Evangélica Valdense quien tiene a su cargo el hogar.
La INDDHH concluyó que el Ministerio de Salud Pública “no garantizó derecho a la salud” y que “se verificó la vulneración de los derechos humanos”.
En Comisión de Salud de Diputados, el Ministro Daniel Salinas señaló que si bien la población estaba priorizada, lo que sucedió fue que “estaba en un orden de prelación por debajo de los ELEPEM (Establecimiento de Larga Estadía para Personas Mayores)”.
También dijo que “El Sarandí” es “un lugar en el que no había hacinamiento y había lugares individuales; lo que no había era respeto por las normas”.
Salinas insistió que “lejos de haber una discriminación, hubo una preocupación genuina”, “quizá, hubo algún error de comunicación por parte de la Dirección Departamental de Salud a nivel funcionarial omitiendo lo que era el plan de vacunación”.
El Ministro también dijo en la Comisión que “en algunos casos había personas de 55 a 59 años que podían haber sido inscriptos y vacunados, también se podrían haber trasladado diez kilómetros, un centro cercano, en Rosario para vacunarse”, agregando que “asimismo, se pudieron haber agendado durante la Semana de Turismo, coordinado la agenda, y eso no ocurrió”.
Por su parte, el Diputado coloniense Nicolás Viera dijo que “cuesta enormemente comprender cómo desde el ministerio se pueden eludir determinadas responsabilidades” diciendo que el Hogar “no hubo respeto por las normas, que no se respetaban los protocolos, que las familias podrían haber agendado a los internos y llevarlos a vacunar en el lugar más próximo”.
Viera dijo que conoce la institución y el nivel de inserción social que tiene. Con las expresiones del Dr. Salinas “me da la sensación que se desconoce la realidad del Hogar”.
«Errores comunicacionales» que se cobraron vidas:
El Diputado Nicolás Viera lamentó que a la reunión haya faltado la Directora Departamental de Salud Dra. Alejandra Torres, cuya presencia estaba confirmada pero avisó a último momento que no estaría: “ella fue una actora principal de todo este proceso, y hoy tendrá sus motivos, pero no vino, lo cual para mí es un hecho significativo”.
Viera insistió en que “la responsabilidad del ministerio, en primer término, está en el territorio. Ese error que el Ministro dice que fue comunicacional, de personas que quizás desconocieron el Plan de vacunación, fue comunicado al Hogar por la Dirección Departamental de Salud de Colonia. Ahora es muy difícil trasladarles la responsabilidad a los familiares, a los trabajadores y a la dirección del Hogar. En perspectiva, con los hechos ya ocurridos, estamos hablando de que los errores comunicacionales se cobraron vidas, porque hubo cinco fallecidos”.
Para el legislador, la postura de los familiares es clara y justa, “no están pidiendo indemnización económica ni están planteando ningún enjuiciamiento penal; están planteando que el Estado reconozca su responsabilidad. ¿Cómo reconoce el Estado su responsabilidad? A través de quien lo gestiona, que en este caso y en esta área, es el Ministerio de Salud Pública. Es simplemente eso”.
«¿Las muertes de cinco internos e internas del Hogar “El Sarandí” no son importantes para el MSP?´». Verla completa aquí:
CARTA ABIERTA AL MSP Y A LA POBLACIÓN de denunciantes por las víctimas del “Hogar Sarandí».
MSP VIOLA DERECHOS HUMANOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MSP INCUMPLE RECOMENDACIONES DE LA INDDHH
Los abajo firmantes, familiares y curadores de internos del Hogar Valdense “El Sarandi”, denunciantes ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) de los hechos sucedidos en el mes de abril de este año, en que fallecieron cinco internos a causa del COVID-19, queremos manifestar en primer lugar nuestro franco rechazo a la respuesta del Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la Resolución 991-2021 de dicha Institución.
La INDDHH calificó lo sucedido como una clara y grave violación a los derechos humanos de los residentes del hogar y encomienda al MSP a tomar todas las medidas necesarias para que hechos tan lamentables no vuelvan a ocurrir.
Frente a ese dictamen, hasta la fecha, la única respuesta escrita del MSP fue la de manifestar que no compartía la resolución de la INDDHH desconociendo todos los hechos documentados denunciados.
La respuesta del MSP omite nada más y nada menos que el propio MSP había transmitido al Hogar y a los familiares que la vacunación correspondiente contra el COVID-19 se realizaría -como se venía haciendo históricamente- en la misma fecha en que se vacunaba a los otros establecimientos de larga estadía de la zona y con la vacuna Pfizer, la indicada para las edades y las comorbilidades de los residentes.
Llegada la fecha indicada, se le comunicó al Hogar que no se realizaría la vacunación y se la aplazó por 28 días, con el agravante de que se administró otra vacuna distinta de la anunciada, que no era la indicada para toda la población del Hogar, dadas las edades de algunos residentes.
Esto ocasionó que cuando se generó un foco de COVID-19, que ocurrió el mismo día en que se realizó la primera jornada de vacunación, afectó prácticamente al 100 por ciento de los residentes y trabajadores del hogar, lo que generó varias internaciones en centros de salud y el posterior fallecimiento de cinco internos.
Ante esto, el MSP en su nota manifiesta que el haber vacunado previamente no habría modificado la evolución del foco epidémico, omitiendo decir que si bien todas las vacunas son eficaces, la que daba la respuesta inmunitaria más temprana no fue la que se suminstró.
Por esto es que hablamos de cinco muertes que tenían la posibilidad de haber sido evitadas. Con perplejidad e indignación leemos que el escrito del MSP, además de deslindar sus responsabilidades propias, las transfiere al propio Hogar y a los familiares de los internos por no trasladarlos y vacunarlos en los distintos puestos de vacunación del país. Desconoce por tanto que el propio MSP sí concurrió en tiempo y forma a otros establecimientos de similares singularidades a las del Hogar “El Sarandí”, con la vacuna recomendada, seguramente en consideración a las características de la población de esos establecimientos de larga estadía y a los riesgos operativos y de circulación que supondría el trasladar individualmente a los internos a centros vacunatorios.
Lo anterior reafirma que existió un franco desconocimiento de las obligaciones jurídicas de garantizar y efectivizar la plena vigencia de los DDHH a la población en situación de discapacidad del Hoga “El Sarandí”.
Como familiares y curadores de residentes, denunciantes ante la INDDHH, nos surgen muchas preguntas sobre esta situación tan irregular. ¿No debe el Estado velar por los derechos humanos de los más débiles? ¿Las muertes de cinco internos e internas del Hogar “El Sarandí” no son importantes para el MSP? ¿No merece revisarse y mejorar la normativa y los protocolos para los residenciales de personas discapacitadas, incluyendo al Hogar “El Sarandí” y a otros similares en la misma categoría de riesgo sanitario que los ELEPEM? ¿No hay nada para decir sobre todo esto? ¿No hay nada para decir de la utilización de una vacuna no habilitada para el conjunto de los residentes dada la edad de algunos de sus integrantes?
¿No hay nada para decir de por qué instituciones de las mismas características del Hogar “El Sarandí” fueron vacunadas previamente y con una vacuna diferente a la utilizada en el Hogar “El Sarandí? ¿Puede el Estado a través del MSP dar una respuesta tan evasiva respecto de una resolución de la INDDHH y pretender que no se generen reacciones de los denunciantes? La respuesta recibida es una afrenta a la memoria de los fallecidos, y deja caminos abiertos para que hechos tan tristes y lamentables vuelvan a suceder.
Estamos hablando de la situación de una institución modelo, perteneciente a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, reconocida como tal a nivel local e internacional, en donde nuestros familiares han encontrado un lugar para vivir con apoyos en cuerpo y espíritu.
Hoy, a meses de los insucesos nosotros, el personal y los propios internos que enfermaron y se recuperaron seguimos recordando, y no olvidamos la angustia, el estrés y el esfuerzo de las autoridades y del personal de Hogar por atender a los internos enfermos. Estos hechos no deben repetirse, y en este sentido respaldamos la nota de respuesta de las autoridades de la Iglesia y del Hogar “El Sarandí” de fecha 19 de octubre dirigida a la INDDHH.
Apelamos a la colaboración de los medios de comunicación y de la opinión pública para la difusión de estos hechos, a fin de que no caiga en el olvido lo sucedido y, repetimos, solicitamos que el Estado tome en consideración las recomendaciones del INDDHH, y que establezca planes y acciones preventivas para que lo sucedido NO SE REPITA NUNCA MÁS.
Por familiares y curadores de internos del Hogar Valdense “El Sarandí” en calidad de denunciantes ante la INDDHH: Rodolfo Goyeneche, Mirta Gonnet, Olga Lago, Miguel Camacho, Damián Roselli Mailhe, Sebastián Camacho, Mary García, Marta Martínez, María Celeste Roselli Mailhe, Susana Gonnet, Diego Roselli Mailhe, Martha Mailhe, Bernardo Roselli Mailhe, Silvana Abatte, Daniel Roselli Mailhe, Alicia Fisher, María Martha Roselli Mailhe, María Gabriela Roselli Mailhe
El ex secretario de Presidencia asistió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que trata este caso.
En concordancia con lo expresado por Tabaré Vázquez, el ex secretario de Presidencia Gonzalo Fernández aseguró que las actas del tribunal de honor que sesionó para el militar retirado Gilberto Vázquez en 2006 no llegaron a Presidencia. Lo hizo en una sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, donde este cuerpo de legisladores busca averiguar por qué Tabaré Vázquez homologó el fallo del tribunal de honor sin advertir que allí se habían confesado delitos.
Fernández sostuvo que cuando se firmaron esas actas “se pensó que se estaba homologando, como es natural, un fallo que recaía sobre la publicitada y mediática fuga [de Gilberto Vázquez] del Hospital Militar”. Además, respondió afirmativamente cuando fue consultado por un eventual engaño de las autoridades militares de la época, ya que a su juicio Presidencia nunca pudo acceder a las actas.
En la comisión, Fernández sostuvo, según registran las actas de la sesión, que el expediente fue entregado por la ministra de ese entonces, Azucena Berrutti, directamente al presidente Tabaré Vázquez, sin las actas del tribunal de honor. Según describió el ex secretario, entregarle un expediente en la mano al presidente no era el trámite habitual, pero los secretarios de Estado tenían la potestad de hacerlo. Respecto de la ausencia de las actas, el ex jerarca aseguró que “no hay ningún registro o anotación de que estuviera el expediente acordonado”. Además, explicó que de acuerdo al Decreto 500/991, “cuando se acordona un expediente debe dejarse constancia en él de que se acordona alguna otra cosa, y aquí no hay ninguna constancia de acordonamiento de expediente”.
Luego, Fernández sostuvo que hubo omisiones en la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa (MDN): “Frente a esa mención escueta que se hace del artículo 77 del reglamento del tribunal de honor en el apartado 27 del dictamen de asesoría letrada, que para algunos significa una alerta roja, yo creo, y así lo habría hecho yo si hubiera sido el asesor letrado jefe, que debería haberse ido al despecho de la ministra a decir: ‘Mire, ministra, acá se han declarado tales y cuales cosas’”. Además, expresó que es “sumamente llamativo que el tribunal de honor se atiene exclusivamente al objeto para el cual fue designado, es decir, investigar qué repercusiones jurídicas tenía la fuga del Hospital Militar de este señor y se desentiende o soslaya todo lo demás, que es infinitamente más grave que la fuga”.
Acerca de las actas, Fernández dijo “suponer” que quedaron “en poder de la asesoría jurídica del Ministerio de Defensa”, aunque admitió no tener certezas de en qué oficina estaban. “La otra posibilidad es que hubieran quedado en la Dirección General de Secretaría, donde finalmente terminaron apareciendo, porque a fojas 19 el entonces director general de Secretaría, ya firmada la resolución, dice que, habiéndose adjuntado actuación del tribunal de honor, vuelve a la Dirección Secretaría Central para la prosecución del trámite”.
A partir de esa última hipótesis el actual ministro de Defensa, Javier García, argumenta que las actas sí fueron a Presidencia. El actual jerarca dice que del expediente surge que el 12 de octubre, una vez que el expediente había vuelto de Presidencia, el director general de Secretaría del MDN, José Wainer, informa que las actas están adjuntadas. Este cargo, sostuvo, es un cargo de confianza del ministro. “¿Por qué estaba eso? Porque habían ido a Presidencia, así que me parece que se comió una parte del expediente”, sostuvo en una entrevista días atrás con VTV. En cambio, Vázquez aseguró el miércoles 9 de setiembre en un encuentro por Zoom con dirigentes frenteamplistas que nunca tuvo acceso a las actas.
En medio de las versiones, Wainer aseguró a El Observador, el 10 de setiembre, que no leyó las actas y que quien se encargaba de esos temas era directamente Berrutti. “De acuerdo a mi jerarquía en el ministerio, yo podía firmar decretos de trámite. Pero no tenía nada que ver. Estaba la ministra y había colaboradores de la ministra que se ocupaban directamente de eso. El material no lo leí. Yo me ocupaba de otras cosas”, expresó.
En concreto, para Fernández hubo dos tipos de errores: primero, no haber adjuntado las actas al expediente, y segundo, no haber advertido de la información que estaba en esas actas a la ministra de entonces. “Eso es lo que debe hacer, a mi juicio, un asesor letrado jefe”, expresó.
Este viernes, el senador Jorge Gandini prefirió no tomar partido por las diferentes versiones. “Esa es una contradicción que tenemos que ir analizando. Gonzalo Fernández hace una exposición documentada que parece demostrar que sólo se le llevó el expediente [sin las actas], y dice que hay una normativa que obliga a estampar en el expediente si es que viene acordonado o no, y que no hay ningún registro de esa naturaleza. Simplemente aparece el expediente sin las actas acordonados”.
Pero, a diferencia de lo dicho por Fernández, Gandini dijo no creer en engaños o manipulaciones por parte de los mandos militares contra los entonces jerarcas frenteamplistas, que serían los responsables de la situación. “Los cargos que han trabajado en este caso son de confianza y son civiles. Los que firman la homologación son las autoridades civiles, y ahí es donde tenemos el problema. ¿Por qué se firmaron actas que no se leyeron? Los últimos responsables son los jerarcas políticos. Un tribunal de honor no emite un fallo, recomienda un fallo, que se aprueba o no según el presidente o el ministro. Debieron haber leído ellos o sus equipos. Que nadie las leyó es difícil creerlo, hay documentos que muestran que por lo menos algunos abogados lo leyeron y estampan en el informe que se cometieron delitos”, expresó.
Para la senadora frenteamplista Sandra Lazo, que estuvo en la comisión, lo dicho por Fernández es “coherente con lo que expresaron [el ex subsecretario José] Bayardi y Vázquez”, según dijo a la diaria.
La polémica sobre la comisión también versa acerca de cómo seguirá el funcionamiento del cuerpo respecto de este tema. Según dijo Lazo, el Frente Amplio quiere que el trabajo se centre en el curso que tuvo el expediente, “desde que se formó hasta los hechos que acontecieron después”. Por ejemplo, dijo que es imprescindible que venga a la comisión el entonces comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz, “y los que movieron el expediente adentro, como los funcionarios de la asesoría jurídica, que se supone que debían tener cierta lealtad con las autoridades políticas de turno y no me consta que la hayan tenido”.
En cambio, el oficialismo, que es mayoría en la comisión, respaldó las invitaciones a Vázquez y a Berrutti (que ahora tiene 91 años), y citará a Díaz. “Se insiste en que vengan los responsables políticos y nosotros insistimos en que son grandes, y en el marco de la pandemia es peligroso que vengan, especialmente en el caso de Azucena. Se va a cursar que sea por vía de una plataforma”, dijo Lazo.
Tras un intercambio en la sesión, se resolvió citar a Vázquez y Berrutti, y, según dijo la presidenta de la comisión, la frenteamplista Amanda Della Ventura, “en caso de que tengan alguna dificultad para concurrir, participarían por medio de la plataforma Zoom”.
