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Trump declara la guerra al gobernador de California en medio de las protestas en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles (California) vivió su quinta jornada de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes por los arrestos de inmigrantes:

El demócrata Gavin Newsom demanda al presidente por enviar de forma «ilegal» a la Guardia Nacional a sofocar los disturbios, sin que el Estado lo hubiera solicitado.

La ciudad de Los Ángeles (California) vivió ayer su cuarta jornada de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes por los arrestos de inmigrantes. El llamado a filas y despliegue este fin de semana de 2.000 soldados de la 79ª Brigada de Infantería sin el consentimiento del gobernador californiano, Gavin Newsom, tiene pocos precedentes en la historia de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump asegura que la Guardia Nacional era necesaria para restablecer «el orden y la ley», pero el líder del Estado más poblado del país no lo ve igual y ya ha anunciado que demandará al Gobierno por esta decisión. «No teníamos ningún problema hasta que Trump intervino», ha publicado Newsom en sus redes sociales. «Esto es una grave violación de la soberanía estatal, exacerba las tensiones y desvía recursos de donde realmente se necesitan». «Las fuerzas locales no necesitaban ayuda», aseguraba Newsom el domingo por la noche. «Ahora la situación está desestabilizada y necesitamos enviar más fuerzas del orden solo para limpiar el desastre de Trump».

Las leyes respecto a la decisión de Trump para contener las protestas en Los Ángeles son ambiguas. Solo en un momento de emergencia las fuerzas militares pueden desempeñar funciones de policiales contra ciudadanos. Según una publicación de Steve Vladeck, profesor de Derecho de la Universidad Georgetown, la medida tomada por Trump es «innecesaria», teniendo en cuenta que «ninguna autoridad local o estatal ha solicitado dicha asistencia federal» y, al cierre de esta edición, Trump no había invocado «[aún] la Ley de Insurrección» del siglo XVIII, que permite al presidente activar al ejército en casos de rebelión o disturbios».
En este sentido, Vladeck explica en su artículo que los soldados solo pueden proporcionar como «una forma de protección de la fuerza y apoyo logístico al personal de ICE», (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el profesor insinúa que quizás eso sea precisamente lo que el mandatario estadounidense está buscando, que la situación se descontrole para que «el Gobierno federal pueda invocar su fracaso como base para un despliegue nacional más agresivo de las tropas».
Fuente y foto: La Razón España.
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Ejecutivo propone que tope a transacciones en efectivo baje de 150.000 a 40.000 dólares

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que modifica la estrategia de combate al lavado de activos:

El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley que modifica la estrategia de combate al lavado de activos. Uno de los puntos centrales es la baja del tope para las transacciones en efectivo; monto que en el período pasado había sido aumentado.

En la ley de urgente consideración (LUC) aprobada al inicio del gobierno anterior, ese monto fue fijado en un millón de unidades indexadas, aproximadamente equivalente a unos 150.00 dólares. Esto fue criticado por la entonces oposición, actualmente en el gobierno.

Ahora se propone que el tope sean 270.000 unidades indexadas, cifra cercana a los 40.000 dólares.

El proyecto también plantea la eliminación de la fiscalía especializada en lavados de activos y que su competencia sea redistribuida entre las fiscalías penales que deberán investigar los casos y los delitos precedentes.

También se propone incorporar nuevos sujetos obligados a proporcionar su información ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).

Fuente: Medios Públicos UY

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El INBA suspendió la aplicación del reglamento de jineteadas

La decisión se tomó tras el planteo del Ejecutiv y de legisladores, y el organismo accedió a crear un espacio de intercambio y debate:

El Instituto de Bienestar Animal suspendió la aplicación del reglamento de jineteadas aprobado en febrero.

En un plazo de 180 días, se deberán acordar modificaciones.

El 10 de febrero, el Inba había implementado una reglamentación estricta sobre las jineteadas, lo que llevó a la suspensión de estas actividades. Ante los pedidos de diálogo, el presidente y el secretario de Presidencia resolvieron dejar en suspenso la normativa y convocar una mesa de trabajo para definir qué aspectos deben mantenerse en el reglamento, con el objetivo de garantizar el bienestar animal dentro de un marco viable. La mesa de trabajo estará integrada por el Inba y representantes de distintos sectores.

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, celebró la decisión: “Enhorabuena. (…) Es mucho más práctico que se dé así y que no se haga todo el papeleo del Senado. (…) Es una oportunidad para poder corregir y hacer viable una jineteada sin que haya ningún tipo de abuso por parte de nadie. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos”, expresó, y agregó: “Es el sistema político actuando en temas sensibles”.

Desde el Frente Amplio, el senador Sebastián Sabini recordó la proximidad de la Semana de Turismo, un período en el que se realizan muchas de estas actividades. “No podemos exigir cuestiones que no sean posibles llevar adelante”, afirmó, y destacó la importancia de las jineteadas en términos de convocatoria. (…) “Nadie quiere que sufran los animales, ni mucho menos. Estamos todos de acuerdo, así que esa va a ser la base de trabajo”.

“Habrá que discutir nuevamente con las instituciones que tienen que ver con el tema. (…) Para nosotros, está fuera de discusión preservar el bienestar animal, pero esta reglamentación tiene cosas que son sumamente discutibles y por eso es que me parece lo más lógico lo que nos propone el presidente”, dijo por su parte el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.

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Parlamento aprobó ley que prohíbe cirugías estéticas en perros y gatos domésticos

En el Legislativo se terminó de aprobar sobre el plazo constitucional una ley que prohíbe las cirugías no terapéuticas (estéticas) en perros y gatos domésticos. ¿Qué cirugías prohíbe especialmente?

El Parlamento terminó de aprobar el miércoles, sobre el fin de la actual legislatura, una ley que prohíbe las cirugías estéticas en animales domésticos, especialmente en perros y gatos.

El proyecto de ley ya había sido aprobado en Diputados y ahora pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

La nueva ley tiene dos artículos. El primero establece que “se prohíben los actos o prácticas quirúrgicas no terapéuticas realizadas en animales domésticos, especialmente perros y gatos con la sola finalidad de modificar la apariencia física o su conducta, y consistentes en mutilar total o parcialmente la cola o las orejas, seccionar las cuerdas vocales o extirpar uñas, falanges o diente”.

El artículo 2 de esta ley indica que “las infracciones a dicha prohibición” serán sancionadas de acuerdo a los artículo 22 y 23 de la ley 18.471 de Protección, Bienestar y Tenencias de Animales.

El artículo 22 de esa ley establece sanciones que van desde el apercibimiento a la prohibición temporal o definitiva de tener animales, pasando por multas de hasta 500 unidades reajustables, la confiscación del animal y la cancelación o suspensión de permisos y habilitaciones para la tenencia de animales.

El artículo 23 de la ley de Protección Animal establece los agravantes, que van desde el maltrato al trabajo forzado, el suministro de drogas a las mascotas, las mutilaciones y cualquiera de estas infracciones cometidas, además, si el animal está expuesto en circos, zoológicos, comercio o ferias.

El diputado del Partido Colorado Juan Moreno, uno de los impulsores de la nueva ley, celebró la aprobación definitiva del proyecto que se votó como grave y urgente el miércoles en el Senado, al filo del plazo constitucional por el fin de la actual legislatura (termina el 15 de setiembre por ser año electoral).

“Con mucha alegría recibimos la noticia de que se le daba la sanción que faltaba en cámara de Senadores para que sea ley”, dijo Moreno a  los colegas de Subrayado.

“Hacer una ley con claridad en esta prohibición es un avance para el país en temas de bienestar animal que para nosotros es bien importante. El tema bienestar animal y salud mental va a ser nuestra hoja de ruta en el sector de Andrés Ojeda, más allá de los temas bien importantes del país, tanto en economía, seguridad, educación y salud, pero estas cosas son de los cambios sustanciales que nos debíamos como sociedad”, agregó Moreno.

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Sociedad de Psiquiatría impulsa implementación de la Ley de Salud Mental

También plantea un cambio en el paradigma en el tratamiento de los pacientes:

La Sociedad Uruguaya de Psiquiatría presentó un documento para impulsar la implementación de la Ley 19529 de Salud Mental. Plantean un cambio de paradigma en el tratamiento de la salud mental y de los trastornos por el uso de sustancias, así como la instalación de una red de dispositivos y que el sistema de salud integre a la salud mental con mayor articulación entre prestadores públicos y privados.

La entidad presentó el documento en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, tema de elevada prevalencia en nuestro país. En ese sentido estableció que es imprescindible el trabajo interdisciplinario y profundizar en la descentralización y pasar de un modelo donde el hospital es el centro a un sistema basado con un enfoque preventivo fortaleciendo el primer nivel de atención.

También plantea la creación de una Red de Dispositivos para las personas con trastorno mental grave con énfasis en enfoque sicosocial y un sistema de apoyo basado en las familias, los profesionales y los cuidadores. Asimismo, plantea la creación de dispositivos articulados en una red nacional de dispositivos de salud mental, integrada a la red de salud general.

Por otro lado, procura establecer una red de dispositivos para la atención de pacientes con Trastornos por Uso de Sustancias, considerando que los servicios deben trabajar con los usuarios a largo plazo, a veces durante toda la vida, similar al sistema de atención para usuarios con otras enfermedades crónicas como la diabetes o enfermedades cardiovasculares.

Según el estudio, en Uruguay la articulación de la oferta de tratamiento entre el sistema público y privado no se cumple.

El documento también marca pautas para financiar, organizar y administrar el sistema de salud mental.

Texto: Carlos González – Canal 5 Noticias

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Nacionales Salud

Gobierno introduce cambios en la presentación de cigarrillos

El decreto del Ministerio de Industria modifica disposiciones previstas en la normativa aprobada en 2019, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez

Un decreto del Ministerio de Industria –con el aval del Consejo de Ministros– modificó tres artículos de un decreto de 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco de las últimas tres administraciones frenteamplistas.

En el decreto, el gobierno señala que el decreto anterior disponía la “indiferenciación de origen en el propio cigarrillo” lo que se entiende que “facilitaría la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”.

A su vez, menciona que al imponer como “única versión” comercializable la “cajilla dura” (de cartón con apertura ‘flip top’) se excluía la “cajilla blanda” que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten “competir más efectivamente” con las que ingresan de contrabando.

“El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, dice el decreto.

El documento señala que “con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización”, se entiende necesario “mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda” e “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.

Ver el decreto cons_min_653