Competencias de la futura cartera, generan diferencias entre oficialismo y oposición. El diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla es el candidato a ocupar la titularidad de la misma.
Este año el Consejo de Ministros sumará un nuevo integrante, el titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La creación de la cartera es un hecho: hay acuerdo en todo el sistema político en cuanto a jerarquizar institucionalmente las competencias relativas al medioambiente. Mientras avanza la discusión parlamentaria sobre la forma que tomará el nuevo ministerio, aún quedan otras cuestiones por definir. Una de ellas es quién estará al frente del ministerio. Según dijeron fuentes del Partido Nacional (PN) a la diaria, el candidato a ocupar ese lugar es el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, aunque aclararon que todavía no hubo un ofrecimiento “formal” de Presidencia de la República.
Lo que ahora está en un primer plano son los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que le dan forma al ministerio. La creación del nuevo ministerio y el articulado correspondiente (285 a 297) estuvieron sobre la mesa en la sesión del jueves de la comisión especial que estudia la LUC con la comparecencia del prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, para analizar la sección que involucra al ministerio.
La finalidad de la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es darles prioridad a las políticas ambientales por medio de la formulación y la ejecución de “planes nacionales” de protección medioambiental. Sus competencias serán, entre otras, coordinar con otros organismos del Estado, celebrar convenios con empresas “públicas o privadas” nacionales o extranjeras y relacionarse con organismos internacionales para cumplir con sus cometidos. Asimismo, la cartera deberá “promover una cultura del cuidado”, centralizar y difundir públicamente toda la información relacionada con el estado de situación del medioambiente del país, y coordinar acciones con OSE para fijar la política de agua potable y con el Instituto Uruguayo de Meteorología en las “políticas vinculadas a la competencia de este”. Se mantienen las capacidades de inspección y se aumentan las sanciones por incumplir las normas.
Competencias limitadas
Si bien hay acuerdo en todo el sistema político en cuanto a la creación del ministerio, en la discusión en la comisión surgieron algunas diferencias sobre las competencias que se adjudican a la cartera. Entre la larga lista de competencias del ministerio, que se encuentra en el literal F del artículo 287, están las normas de evaluación del impacto ambiental (ley 16.466), ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (ley 18.308), el sistema nacional de áreas protegidas (ley 17.234) y la política nacional de aguas (ley 18.610).
En específico, se establece que el ministerio deberá “ejercer” las responsabilidades atribuidas por ley de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), y las de “toda aquella otra [dirección]” perteneciente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) “en materia ambiental, desarrollo sostenible y preservación de recursos naturales”.
En ese sentido, podría interpretarse que una parte de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) puede trasladarse al nuevo ministerio, al menos en parte. El planteo fue hecho por la bancada frenteamplista a Ferrés, quien aceptó la conveniencia de la propuesta. Sin embargo, esta disposición preocupa a las autoridades del MVOTMA. En una entrevista con la diaria, el subsecretario de esa cartera, Tabaré Hackenbruch, expresó que la dirección “sí o sí tiene que estar toda junta” y que lo mejor es que permanezca en la cartera de Vivienda.
Lo que faltó incluir
Algunas de las competencias que quedaron fuera del ministerio están en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), como la Dirección General Forestal, la Dirección General de Servicios Agrícolas, la Dirección General de Recursos Naturales y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). Tampoco se mencionan la gestión de residuos, el control de la producción de transgénicos, la reducción del uso de productos plásticos ni la gestión ambiental en el medio rural, donde las tensiones con la producción son mayores.
En el Frente Amplio (FA), el senador Charles Carrera planteó como inquietud que estas competencias estén por fuera del nuevo ministerio. En una conferencia de prensa, tras la comparecencia de Ferrés, sostuvo que la creación del ministerio no puede consistir solamente en “quitar algunas competencias” del MVOTMA y ponerlas en la nueva cartera. “Hay que profundizar”, remarcó, y sostuvo que “hay que mirar hacia el futuro”. Para el FA, deben incorporarse el control de los montes nativos y “algunas competencias” de la Dinara, además de las de la Dinot.
En la sesión del jueves, Ferrés aclaró, según consta en la versión taquigráfica, que el texto actual de la ley no es el definitivo, sino que está “abierto” para ser complementado y “enriquecido”. Reconoció que “faltan algunos temas sensibles que pueden ser incorporados”, y dijo que al escribir la ley se trató de establecer las competencias “principales” del ministerio y luego trabajar para “mejorar o ampliar” otras que no estén incorporadas “en la ley de presupuesto cuando se cree el programa dentro del inciso”.
Uno de los puntos que para Ferrés deben ser incorporados al nuevo ministerio es el de los montes nativos. Aseguró que sobre eso “no hay dudas”. Pero sí manifestó reparos respecto a la incorporación de la Dinara. Explicó que fue un tema de discusión con los equipos técnicos y que finalmente consideraron que, al involucrar el manejo y la explotación de las distintas especies de peces y la entrega de permisos de pesca, no podría trasladarse por completo al nuevo ministerio.
El prosecretario expresó que, al elaborar el texto de la ley, fue “difícil” separar correctamente las funciones que corresponden a cada ministerio y que eso “necesita más estudio”. Al igual que con ciertas competencias de la Dinara, “buena parte” de los cometidos de la Dinot podría ser incorporada al nuevo ministerio, dijo, pero agregó que la parte de ordenamiento territorial relacionada con proyectos urbanísticos y construcción de viviendas debería permanecer en el MVOTMA. “No podemos pasar en bloque a la Dinot” y dejar sin esa herramienta al MVOTMA, que “necesita instrumentos de ordenamiento territorial para temas como el de los asentamientos y para proyectos de vivienda en general”, opinó.
En ese sentido, las direcciones con varias responsabilidades que incluyan políticas ambientales deberán ser estudiadas para determinar si su división o traslado es conveniente o no, lo que además implica un traslado de recursos humanos y económicos del Estado. La diferencia con la Dinama y la Dinagua es que las oficinas serán trasladadas a la nueva cartera como funcionan actualmente.
Los recursos y funcionarios
Sobre el presupuesto y los recursos humanos que serán asignados a la nueva cartera del Estado, Ferrés planteó que “la idea es no aumentar el gasto”, sino “aprovechar todos los recursos posibles”. De todas formas, señaló que cuando se debata la ley presupuestal “se van a tener que asignar nuevos créditos” y “si no hay recursos humanos suficientes para sustentar las unidades ejecutoras y los programas, se deberá trabajar con la ONSC de forma tal de que se puedan cubrir determinados servicios con un mayor número de funcionarios”.
En su breve intervención, Ramos aseguró que la ONSC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas conformaron una “comisión de reestructuras ministeriales” para “estudiar el tema de la redistribución de competencias, enfocados en el planteamiento de una planificación estratégica, como se viene haciendo tradicionalmente”.
En el caso de que también tuvieran que trasladarse trabajadores de direcciones del MGAP, si se decidiera que pasen a la órbita del nuevo ministerio, el Ejecutivo puede disponerlo en el marco del artículo 174 de la Constitución, que establece que el presidente, actuando en el Consejo de Ministros, “podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias”.
Conflicto de intereses
El presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, Mauricio Álvarez, dijo a la diaria que tomaron la creación del ministerio como una buena noticia. Sin embargo, entiende que “faltó el paso” de incorporar las competencias ambientales del MGAP, “que no son nada menores”, y que si eso no se cumpliera, “se estaría montando una fachada”. “Escuchamos alguna idea de que estarían incluidas todas las competencias ambientales, pero en la ley queda claro que las del MGAP no están”, agregó.
El presidente de la ONG sostuvo que si no se incluyen las competencias ambientales del MGAP, el nuevo ministerio quedará como “un cartel”: “Algo para hacernos creer que hay interés, pero, en realidad, no va a cambiar mucho”. A su vez, planteó que con esta cartera el gobierno logra subsanar un conflicto del MVOTMA entre los temas ambientales y los de ordenamiento territorial, pero persisten los problemas existentes en el MGAP en relación con la “protección de los bosques y los suelos” y la producción, por ejemplo, por el uso de los agroquímicos. Resaltó que la “prioridad” del MGAP es la producción y por eso es un error dejar en su órbita controles ambientales que hoy “están relegados”.
El senador del FA Eduardo Bonomi hizo un planteo similar en la comisión. Sostuvo que se crea bajo la LUC un ministerio, pero no se incluyen los temas de verdad urgentes para el ambiente ni las “herramientas claves” para abordar esta temática, entre ellos, la pérdida de biodiversidad, la transformación del sistema productivo agropecuario, la gestión del agua y la economía circular. Así, para el senador, se mantiene “la tensión” entre las autoridades a cargo de los temas ambientales y “el peso de los ministros productivos”. Como ejemplo, mencionó que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, se expresó en contra de la ampliación de la Quebrada de los Cuervos, mientras que el ministro del MGAP, Carlos María Uriarte, aseguró que el sector agropecuario “no genera contaminación del suelo ni del agua”. “Esta tensión surge de la contradicción entre los intereses económicos y el cuidado de nuestros recursos naturales y el ambiente”, agregó.
Fuente: La Diaria.
