La directora del organismo dijo que la “mejora de 20%” del presupuesto y la ayuda financiera del BID permitió ampliar la respuesta a las mujeres en situación de violencia
Inmujeres exhibió las políticas implementadas este año contra la violencia de género este 25 de noviembre especial.
En el marco del Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó este jueves algunos avances en materia de políticas públicas. El evento estuvo encabezado por la directora del instituto, Mónica Bottero, quien recordó que la Ley 19.580, aprobada a fines de 2017, establece directivas que “marcan un rumbo” al Estado “para cambiar una realidad que nos declaran haber sufrido en este país más de un millón de mujeres”.
La jerarca recordó, con base en la segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de Violencia Basada en Género (2019), que casi ocho de cada diez mujeres uruguayas declaran haber sufrido violencia de género a lo largo de su vida “por su sola condición de ser mujeres” y que la violencia doméstica “es el segundo delito denunciado en Uruguay después del hurto”. “Su respuesta implica, por tanto, un complejo desafío que incluye, además de lo policial y judicial, respuestas de tipo social, del sistema de vivienda, del sistema educativo, el sistema de salud, entre muchos otros”, enfatizó. En ese sentido, resaltó la importancia que tiene el trabajo que realizan las 14 instituciones públicas que integran el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género (CNC).
Bottero dijo que, desde marzo de 2020, el Inmujeres ha estado trabajando “contra viento y pandemia” para brindar atención a las 3.000 mujeres que cada año ingresan a los servicios y a las cerca de 12.000 que consultan por año, en promedio, el servicio 0800 4141. Además, aseguró que gracias a una “mejora de 20%” del presupuesto y a “la construcción de varios proyectos de cooperación, pero particularmente de uno junto al Banco Interamericano de Desarrollo [BID]”, se pudo ampliar este año la respuesta a la violencia de género. En concreto, eso permitió extender la atención telefónica, inaugurar un nuevo centro 24 horas en San Carlos (Maldonado), aumentar en 560 horas la atención psicosocial y legal de los 33 servicios de todos el país e instalar una nueva sede en Montevideo “que dé mejor acceso a los barrios del noroeste del departamento”.
Por otro lado, destacó que se logró concretar la creación de dos de los juzgados especializados en violencia de género que establece la Ley 19.580, uno en la ciudad de San Carlos y el otro en la ciudad de Rivera, y que se “espera concretar en breve el tercer juzgado” en Paysandú.
Respecto del trabajo de otras carteras, resaltó del Ministerio del Interior (MI) el aumento de tobilleras electrónicas, que pasaron de 1.200 a 1.700, y el “compromiso” de Salud Pública, “que a pesar del enorme desafío que ha enfrentado en estos tiempos, se ha comprometido a través del aumento de sus metas prestacionales en la atención a la violencia de género”. También celebró el “rol activo” del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “en la instrumentación de protocolos contra el acoso en el ámbito laboral”, del de Defensa Nacional “en su participación en el Consejo de Trata” y de la Administración Nacional de Educación Pública, que junto con el Ministerio de Educación y Cultura “también son parte de nuestro proyecto con BID para que la prevención de la violencia sea parte de la currícula educativa”. Bottero adelantó que, por su parte, el Banco de Previsión Social anunciará en los próximos días “el aumento significativo de prestaciones a niñas y niños huérfanos de femicidios”.
Finalmente, destacó el trabajo conjunto de Inmujeres con el Instituto Nacional del Niño y Adolescente (INAU), el Poder Judicial y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación “para garantizar la protección de cada mujer, niño y niña que sufra violencia, cumpliendo la consigna de este gobierno de que ‘ningún uruguayo quede atrás’”.
Un arbordaje integral:
Durante la rendición de cuentas, representantes de algunas de las instituciones que integran el CNC presentaron medidas implementadas y celebraron el esfuerzo interinstitucional para darle a la violencia de género un “abordaje integral”. La directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Mariela Solari, recordó que Uruguay tiene un marco normativo “que establece claramente que las relaciones que se dan en los ámbitos de convivencia familiar que afectan los derechos humanos, en este caso de las mujeres, pero también de los niños, niñas y adolescentes, forman parte de la persecución penal de los delitos”.
Esto, a su entender, es “muy importante” porque, “durante mucho tiempo, lo que pasaba en el ámbito de la familia parecía ser reservado al ámbito de la familia”. Solari dijo que desde su creación, hace cuatro años, la Unidad de Víctimas y Testigos ha atendido a 10.000 personas, de las cuales 60% son víctimas de delitos de violencia basada en género, especialmente violencia doméstica y sexual.
Entre las acciones que llevó adelante la Fiscalía para reforzar la atención a la problemática, Solari dijo que se pasó de tener dos fiscalías de violencia doméstica y delitos sexuales en 2017 a contar hoy con ocho, lo cual “permitió tener especialidades diferenciadas para investigar y perseguir los delitos de violencia doméstica y los delitos sexuales”.
Además, señaló la creación de un programa “de respuesta rápida” en los casos de femicidio, junto con el INAU, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia e Inmujeres. También mencionó la elaboración de tres protocolos: uno para la actuación frente a casos de trata y explotación sexual; otro para las situaciones de violencia doméstica y sexual: y otro que se presentará “a fines de este año” que es “para la investigación y litigación de femicidios y atención y protección de las víctimas”.
Por su parte, la titular de la Dirección Nacional de Políticas de Género del MI, Angelina Ferreira, destacó la “capacitación permanente del funcionariado” de la cartera en temas vinculados con “políticas de seguridad pública con perspectiva de género, respuesta policial a situaciones de violencia basada en género, casos de trata y explotación sexual, violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y situaciones de acoso sexual en el ámbito laboral y educativo”. A la vez, dijo que se viene trabajando en el fortalecimiento de “las coordinaciones a la interna de la Policía, para asegurar una respuesta policial adecuada” a las situaciones denunciadas, así como de las “articulaciones interinstitucionales”, sobre todo con Inmujeres y la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía.
Ferreira aseguró que quedan “desafíos”, entre ellos, seguir fortaleciendo la respuesta policial, mejorar las investigaciones con perspectiva de género y fortalecer el trabajo interinstitucional “para dar una respuesta integral, eficaz, de calidad y de forma coordinada tanto con Inmujeres como con Fiscalía y el resto de las instituciones”.
En tanto, la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, anunció que la cartera renovará el convenio que mantiene con el Inmujeres desde 2009 para brindar alternativas habitacionales transitorias a mujeres en proceso de salida de situaciones de violencia de género, con el objetivo de sumar 500 cupos más. La jerarca recordó la génesis de la fecha conmemorativa en una curiosa intervención en la que se refirió al asesinato de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal –el hito que da origen al 25N– asegurando que “fueron suicidadas”.
Fuente: La Diaria.
Fotos: Inmujeres.
