La Cámara de Diputados debate desde las 10 de la mañana los informes emanados de la comisión investigadora que indagó presuntas irregularidades en el uso de licencia sindical por parte de integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).
Con votos de los diputados de la coalición de gobierno se aprobará el informe en mayoría, que establece la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la Anep, en el entendido de que se constataron delitos.
Entre otros, se presume que se cometió el delito de fraude, estafa y de falsificación de documentación en el caso de los sindicalistas. También se señala que hubo encubrimiento por parte de exjerarcas del consejo de secundaria que avalaron el uso de licencias de manera irregular.
En el escrito se nombra a los sindicalistas José Olivera, Virginia García Montecoral, Ana Pescetto, Gabriela Almeida, Marcel Slamovitz y Alejandra Vespa, aunque se indica que las licencias sindicales fueron usufructuadas de manera irregular por unas 130 personas de 70 liceos de todo el país. Por otra parte, se nombra a los exjerarcas Javier Landoni y Celsa Puente por encubrir la maniobra.
Desde el oficialismo se subraya que no hay norma que habilite la ausencia de sus tareas docentes durante sus horas de clase.
Desde el Frente Amplio se indica que al acta 90/2006 del Codicen faculta a los docentes a faltar a clase a raíz de actividades sindicales.
El diputado del Partido Nacional Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora, dijo en conferencia de prensa que existen conductas «con apariencia delictiva» de ocho personas, dos ex jerarcas de Secundaria en el último gobierno del Frente Amplio y seis funcionarios públicos que son dirigentes sindicales.
Para Lereté esos eventuales delitos son “fraude, omisión de funcionarios a denunciar delitos, abuso de funciones, encubrimiento y falsificación”.
El diputado blanco aseguró que “el engaño y la estafa» oscila entre 18 y 20 millones de pesos. También afirmó que es «falso» que existan unas 9 mil horas docentes sin asignar y precisó que, en realidad, son 4.700 horas.
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