Procesado – La Razón

Por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros, que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada:

La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.

El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además del exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas.

En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.

Además, el juez Casanello embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos (11.653.771 de dólares), y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.

A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

Macri es considerado presunto responsable de espiar a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan que se hundió en aguas australes el 17 de noviembre de 2017:

A casi dos años de dejar la presidencia argentina, el juez federal, Martín Bava decidió imputar a Mauricio Macri por presuntos actos de espionaje ilegal contra familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan que se hundió en aguas australes el 17 de noviembre de 2017, con 38 tripulantes y seis buzos tácticos a bordo. El magistrado le decretó un embargo de unos 850.000 euros y le prohibió abandonar el país.

En principio las denuncias por espionaje ilegal a quienes reclamaban al Gobierno informaciones sobre la suerte de sus familiares ahogados apuntaron contra la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Sin embargo, el juez consideró que Macri tuvo una responsabilidad directa en esos episodios. El ex mandatario de derechas consideró que la decisión de Bava ha sido una clara prueba de su falta de imparcialidad en esa causa. La investigación judicial comenzó en setiembre de 2020. El abogado de Macri, Pablo Lanusse, ya ha reclamado que la causa cambie de juzgado.

Un mes atrás, el juez intentó interrogar a Macri. Los abogados del ex presidente presentaron un escrito en su nombre. La imputación se conoce tres semanas después de las elecciones legislativas en las que la coalición conservadora de la que forma parte le sacó dos millones de votos de ventaja al peronismo, en el poder.

«Hechos probados»:

Bava considera probado que la delegación de la AFI de la ciudad balnearia de Mar del Plata, donde se encuentra la base del submarino siniestrado, se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los seres queridos de los tripulantes del ARA San Juan, entre diciembre de 2017 y finales de 2018. Los espías le informaban al Gobierno los reclamos que se proponían hacer los familiares ante la justicia en un caso de fuerte repercusión internacional.

Por esta causa ya han sido procesados el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, un amigo personal de Macri, su mano derecha, Silvia Majdalani, entre otros funcionarios de la secretaría estatal.