Equiparar sueldos, incentivos, control de ascensos, evaluaciones que pueden terminar como despidos por bajo rendimiento y revisión para todos.
La foto del presidente Luis Lacalle Pou está en una esquina en un amplio despacho en el tercer piso de la Torre Ejecutiva, con vista a la plaza Independencia y al Teatro Solís. El tibio sol de setiembre entra por los ventanales. Acá, en esta oficina, trabaja Conrado Ramos, el exfrenteamplista a cargo de la reforma del gobierno para los funcionarios públicos.
El anfitrión es el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. La mayoría de los despachos están vacíos en este tercer piso justo el día que El País lo visita, porque los funcionarios se fueron a realizar talleres con evaluaciones de su desempeño: “Hay que empezar en casa”, afirma con satisfacción Ramos, un cientista político de 58 años.
Este hombre que hoy trabaja codo a codo con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, ocupó la subdirección de esa misma oficina entre marzo de 2007 y agosto de 2010 durante la segunda mitad del primer mandato de Tabaré Vázquez y en los primeros meses del gobierno de José Mujica. Después se fue: dice que se sintió perseguido y que llegó a integrar una lista negra armada por gente que estaba entonces en Presidencia. Tan dolido quedó que abandonó el Frente Amplio y tiempo después se unió al Partido Independiente.
Pero su cargo actual no es por cuota política, no representa a Pablo Mieres en el gobierno. “A mí me llamó el presidente y me terminaron de reclutar Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés, a quienes agradezco el apoyo fundamental que tengo”, dice, consciente que está en un lugar al que no pertenece y que su futuro dependerá de su desempeño y otros imponderables, pero no de compromisos políticos.
A principios de agosto Ramos presentó al presidente y al equipo económico el ambicioso paquete de reformas para los funcionarios públicos, que tiene como una de sus prioridades un cambio en el sistema de carrera. “Estuvimos dos días en una encerrona larga en Suárez chico para interiorizar al presidente y discutir con él las prioridades”, recuerda.
Ramos llama a su secretaria y pide una copia de la versión taquigráfica de su visita a la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, un día antes de este encuentro. Allí, en ese proyecto, están algunos de las reformas centrales que el gobierno quiere implementar para los funcionarios. Lo más conocido es un sistema de descuentos salariales cuando los empleados faltan por enfermedad para equiparar con el régimen de los privados: eso está en discusión y es probable que haya cambios en el texto final.
Los cambios en las licencias por enfermedad.
El proyecto de Presupuesto que envió el gobierno intenta terminar con uno de esos beneficios que gozan los empleados públicos en relación a los privados: si se enferman, cobran el sueldo entero. El texto establece que les descontarán los tres primeros días y a partir del cuarto cobrarán el 70%. Pero esta reforma fue cuestionada por los sindicatos y generó dudas en los legisladores oficialistas. Ayer, al cierre de esta edición, la bancada estaba reunida evaluando cambios al artículo 28, suavizando la norma, aunque manteniendo su espíritu. Una posibilidad era eliminar el descuento en los tres primeros días o crear “un colchón” de días al año. También disminuir el porcentaje de descuento.
Pero el gran objetivo del gobierno vinculado a los funcionarios, dice Ramos, es cambiar la imagen que la sociedad tiene sobre la función pública.
«Que recupere su prestigio, afirma. El plan que defiende -y en el cual trabaja, casi como en un consorcio, con OPP, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), el Ministerio de Economía y el comando directo del presidente- está basado en varios pilares.
Quieren reconstruir la carrera administrativa de los funcionarios definiendo perfiles y ocupaciones de los empleados y eliminando las inequidades salariales, un viejo reclamo sindical. A igual función, igual sueldo en todo el Estado.
También quieren que haya evaluaciones por desempeño reales, un paso previo a analizar en algún momento eventuales despidos por bajo rendimiento.
Quieren que al menos el 50% de los jerarcas concursen.
Que se controle la calidad de los concursos y los ascensos.
Que haya un sistema de retiros a partir de excedencias.
Que los funcionarios asesoren al gobierno y participen de las reestructuras.»
Ramos habla y cuesta pararlo. Se nota que el tema lo entusiasma, sabe que está ante un desafío grande y que deberá cumplir con lo que se propone. Dice que hay que construir sistemas integrados de información sobre la gestión humana. O sea, tener datos digitalizados donde se sepa qué hace cada funcionario, qué perfil tiene, cuáles son sus tareas, dónde trabaja, cuánto se le paga, qué capacitación tiene, cuál ha sido su vida laboral (desde sanciones a premios), los concursos ganados y cómo ha sido evaluado.
Fuente: El País.
