Este sistema monitorea esa cantidad de dispositivos, dada la incorporación de 500 este año, fue creada la Dirección Nacional de Políticas de Género y se instauró el plan de salud reproductiva para personas privadas de libertad, informó el jerarca.
Los datos fueron brindados por el secretario de Estado en el marco del Día Internacional de Lucha contra todas las formas de Violencia hacia las Mujeres, a través de un informe audiovisual elaborado con datos de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior.
El reporte de este año detalla que entre enero y octubre fueron denunciados 33.004 casos de violencia doméstica y delitos asociados. En 2019, las denuncias habían alcanzado la cifra de 32.824. Además, el documento puntualiza que, en promedio, las autoridades investigan 109 denuncias diarias, una cada trece minutos.
El 71,2% de las víctimas son mujeres y el 28,8%, varones. El 49,7% de los casos responde a violencia psicológica; un 41,8%, a violencia física; un 5,6%, a violencia sexual; un 2,6%, a violencia patrimonial o económica y un 0,3% a violencia de identidad de género u orientación sexual.
«Es un flagelo que vivimos como sociedad, que nos preocupa y ocupa y que debemos atender desde el Estado de forma integral como algo esencial a la convivencia misma. Ratificamos nuestro compromiso de trabajar en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer para que no haya más hechos que lamentar, más familias destrozadas ni situaciones no deseadas», subrayó Larrañaga, en un video publicado en el sitio de internet de la cartera.
Señaló que la institución que dirige trabaja en diferentes líneas, algunas para mejorar políticas implementadas, como el sistema de monitoreo electrónico, y otras inéditas, como la creación de un plan de salud reproductiva para las personas privadas de libertad, elaborado junto con el colectivo Nada Crece a la Sombra.
El jerarca recordó que, con la entrada en vigor de la ley N° 19.889, se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género, que jerarquizó la temática en el ministerio y potenció la adecuada respuesta policial.
Larrañaga valoró las gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo realizadas por la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por las que se incrementó de 1.200 a más de 1.700 las tobilleras electrónicas disponibles, lo que mejoró la respuesta a las demandas del Poder Judicial.
