Se realizó la primera de nueve audiencias de la Fiscalía en el marco de un alegato contra la vicepresidenta Fernández en el denominado caso “vialidad”, por el que se pretende demostrar que Fernández fue la “jefa de una asociación ilícita destinada a adjudicar obra pública para favorecer al empresario Lázaro Báez, con contratos de obra pública”.
En tal sentido, el fiscal Luciani dijo que la actual vicepresidenta Cristina Fernández y expresidenta (2007-2015), y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), “crearon una de las matrices más extraordinarias de corrupción” durante sus mandatos.
De acuerdo a distintos medios de prensa argentinos, Luciani señaló que el Ministerio Público Fiscal “tiene acreditado que entre 2003 a 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares y de forma piramidal que tuvo en su cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.
El fiscal expresó que se ha probado que el fallecido Néstor Kirchner y Cristina Fernández “instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinaria que, lamentablemente y tristemente, se haya desarrollado en el país”.
El fiscal de la Nación explicó que “lo extraordinario se refiere a la capacidad de acción, la perpetuación en el tiempo y a la ausencia de controles”.
Detalló que durante la gestión se habría “creado un eficaz sistema de corrupción institucional en paralelo a las funciones de la administración”.
Dijo que “se escogió, intencionalmente, la contratación de obra pública vial en Santa Cruz como medida para desviar fondos y se creó un oferente, la empresa constructora de Lázaro Báez, para favorecerlo en las licitaciones de obra pública vial”.
Cristina Fernández de Kircher enfrenta un juicio desde 2019, por presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas.
En la misma causa están acusados Báez, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.
Por su parte, Fernández ha dicho que el proceso responde a una persecución judicial ideada por el anterior gobierno de Mauricio Macri.
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