El decreto del Ministerio de Industria modifica disposiciones previstas en la normativa aprobada en 2019, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez
Un decreto del Ministerio de Industria –con el aval del Consejo de Ministros– modificó tres artículos de un decreto de 2019 que había reglamentado la ley de política antitabaco de las últimas tres administraciones frenteamplistas.
En el decreto, el gobierno señala que el decreto anterior disponía la “indiferenciación de origen en el propio cigarrillo” lo que se entiende que “facilitaría la elaboración y circulación de cigarrillos falsificados”.
A su vez, menciona que al imponer como “única versión” comercializable la “cajilla dura” (de cartón con apertura ‘flip top’) se excluía la “cajilla blanda” que ha sido la que más se vende en el mercado y cuyas características le permiten “competir más efectivamente” con las que ingresan de contrabando.
“El ingreso de cigarrillos y contrabando o su falsificación generan y fomentan un mercado informal relevante, que afecta severamente la recaudación y que atenta contra las políticas públicas de la administración en cuanto a su erradicación”, dice el decreto.
El documento señala que “con la finalidad de interrumpir dicha irregularidad en la cadena de comercialización”, se entiende necesario “mantener la identificación de cada unidad del producto y su empaquetado en cajilla blanda” e “identificar a quienes lucran con la venta al por mayor y menor de cigarrillos falsificados y de contrabando, desalentando el acceso al producto informal, determinando sanciones aplicables”.
