Tras el acuerdo del viernes entre el Frente Amplio y la oposición, este lunes de tarde se instala la mesa de trabajo sobre el contrato con la empresa española:
La Asamblea General se reúne este lunes desde la hora 15 para instalar la comisión investigadora bicameral sobre el contrato del Estado con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
Tras el acuerdo del viernes entre el Frente Amplio y la oposición, atrás quedó la idea inicial de una investigadora en Diputados y otra en el Senado.
La investigadora bicameral tendrá entonces 17 legisladores, de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento.
La mayoría será del Frente Amplio, con 9 diputados y senadores, en tanto la oposición tendrá 8 legisladores. Un representante de la oposición presidirá la comisión, que tendrá seis meses para realizar la investigación política.
Analizarán todas las gestiones que se hicieron para tener buques de guerra que patrullen el océano uruguayo desde 2010 hasta ahora.
Sobre fines del gobierno de Lacalle Pou, la coalición en el gobierno firmó el contrato con Cardama para que este astillero español (Galicia) construya dos patrulleras oceánicas por un total cercano a los 80 millones de dólares.
El Frente Amplio cuestionó desde el comienzo la elección de Cardama y criticó al gobierno de la coalición por firmar el contrato poco antes del dejar la administración.
Ya en el gobierno, el Frente Amplio continuó con los cuestionamientos al contrato con Cardama y finalmente denunció que la garantía presentada por el astillero español era falsa, o irregular, y suponía (dijo el presidente Yamandú Orsi en el 2025), un intento de “estafa o fraude” al Estado uruguayo.
El año pasado el gobierno de Orsi anunció que rescindía el contrato con Cardama, extremo que no se concretó hasta febrero de 2026.
Ahora se inicia un juicio internacional en el que el gobierno intentará recuperar los 30 millones de dólares ya pagos a Cardama, mientras que la empresa buscará un resarcimiento por el fin del contrato.
En la oposición aseguran que la decisión del gobierno de Orsi es política y que busca cuestionar directamente la gestión de Lacalle Pou (posible candidato en las elecciones de 2029) y del exministro de Defensa Javier García, actual senador del Partido Nacional
