Los funcionarios públicos comparten las medidas de restricción de la movilidad, pero reclaman saber el destino de los fondos recaudados con el descuento de sus salarios y lamentan que no anuncie ninguna medida impositiva para el gran capital, las grandes ganancias, el sector financiero y las grandes cadenas de supermercados:
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió esta madrugada un comunicado público luego de una extensa reunión realizada por zoom con los representantes de los 52 sindicatos que la integran.
En la oportunidad, los trabajadores del Estado expresan que comparten las medidas adoptadas y anunciadas por el presidente de la República Dr. Luis Lacalle Pou en cuanto a las restricciones de movilidad.
«El avance de la pandemia en las últimas semanas en nuestro país ha generado un aumento de las personas cursando la enfermedad, aumento de las camas ocupadas en CTI y lo más grave, un incremento de la cantidad de fallecidos, lo cual es irrecuperable.
Nuestro país comenzó hace menos de un mes una campaña amplia de vacunación la cual debe necesariamente ir acompasada con medidas de restricción de la movilidad en todo el país. COFE insta a todos los trabajadores a vacunarse contra el COVID dado que es una de las principales herramientas que podemos utilizar en forma individual y colectiva para combatir la pandemia», indica el comunicado.
Asimismo, los trabajadores públicos recuerdan que «nuevamente el gobierno» instrumenta el Impuesto COVID 19, que recae en gran medida sobre el salario de los funcionarios públicos.
«El Gobierno de coalición aplica desde marzo de 2020 una política de ajuste fiscal, donde el salario y empleo de los trabajadores públicos son variables de ajuste, se rebajaron los salarios, se establecieron descuentos por licencias médicas, se cesaron cientos de contratos en todo el Estado, se recortaron cargos y vacantes, se aumentaron los precios de las tarifas públicas.
Sin embargo, no se anuncia ninguna medida impositiva sobre el gran capital, las grandes ganancias, el sector financiero, las grandes cadenas de supermercados ni sobre todos aquellos sectores que han tenido un crecimiento de sus ganancias desde el inicio de la pandemia, así como tampoco sobre los salarios gerenciales de estos sectores de actividad», expresa el comunicado.
En ese sentido el presidente de COFE recordó que «siempre son los públicos los que ponen los dos brazos».
En el comunicado COFE solicita públicamente al presidente conocer el destino de estos fondos y que lo recaudado con este impuesto se destine efectivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Recordemos que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que Uruguay invirtió un 0.7 % de su Producto Bruto Interno para contrarrestar las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, siendo uno de los países que invirtió menos en la región.
«Seguimos planteando la Renta Básica y la Canasta de prestaciones de servicios públicos, porque el #QuedateEnCasa sin asegurar la alimentación es condenar a muchos uruguayos a la miseria y sin los servicios básicos la educación a distancia y teletrabajo son imposibles de realizar.
El Gobierno instrumenta el impuesto COVID 19, sin embargo, continúan las exoneraciones fiscales al gran capital, continúan las designaciones discrecionales de cargos de dirección en el Estado y continúa la asistencia financiera a quienes no lo necesitan», concluye el comunicado.
