El programa de gobierno del Partido Colorado, denominado “Contrato Uruguay”, está coordinado por Luis Mosca, Matías Bordaberry, Nicolás Albertoni, Isaac Alfie, Carmen Sanguinetti y Ruben Correa Freitas, entre otros académicos.
Propone política sociales “transversales” en educación, políticas sociales “focalizadas” en salud mental y adicciones”, prioriza la vivienda, la seguridad pública y el sistema penitenciario, la política exterior, bienestar animal, deporte y cultura, desarrollo productivo, inserción comercial, industria, ciencia, tecnología e innovación, telecomunicaciones, zonas francas, energía, agro, pesca, ambiente, turismo, emprendedurismo, empleo, negociación salarial, desarrollo económico, política exterior, derechos humanos y transparencia, entre otras áreas.
El programa fue presentado por el candidato a la presidencia Andrés Ojeda, quien expresó que Uruguay necesita un presidente que pueda estar «espalda a espalda con la policía». Además, en materia de seguridad, defendió el plebiscito a favor de los allanamientos nocturnos.
En educación plantea la “universalización progresiva de la educación inicial y primaria de tiempo extendido” en “centros educativos de tiempo completo” y la educación “obligatoria desde los 3 años”, “mayores incentivos” para que docentes más formados y experimentados elijan enseñar en centros educativos más desfavorecidos, y el fortalecimiento de políticas para combatir la desvinculación educativa, implementación de cursos de salud mental, adicciones, bullying y combate a la violencia, así como la mejora de protocolos de abuso sexual y violencia intrafamiliar, y creación de centros de recursos para alumnos con TEA.
Primera infancia, inclusión y plan de viviendas del Mides
El Partido Colorado se compromete a asignar más recursos per cápita para la primera infancia. Establece como prioridades “asegurar la oferta de cuidades”, “potenciar el Plan Caif”, establecer un “programa de acompañamiento par egreso del Inau”, y la “consolidación” de sistemas de información.
Los colorados proponen un “Plan de viviendas prioritarias desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), IVA y billeteras digitales para prestaciones sociales, bonos de impacto social con base en resultados, fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, un plan de viviendas prioritarias desde el Mides.
“Atendiendo a estas circunstancias, y a la urgencia que tiene el Uruguay en atacar el núcleo duro de la pobreza, es que proponemos una reubicación institucional de la respuesta estatal en materia de acceso a la vivienda para población vulnerable, impulsando la fusión del Ministerio de Vivienda con el Mides”, dice el texto.
Respecto a las personas en situación de calle, el programa plantea la “flexibilización de los refugios nocturnos y ampliación de cupos para salud mental”, así como la “elaboración de un protocolo para la salida de las personas en situación de calle”.
Sobre los liberados, señala que se debe “fortalecer a la Dirección Nacional de Liberados y que el Mides participe en las cárceles.
Creación de 25 centros de salud mental en todo el país
La creación de 25 clínicas de atención en salud mental distribuidas en los 19 departamentos del país es la primera propuesta en esta área. Estos centros “ofrecerán servicios de psicoterapia y psiquiatría”, en el entendido de que la medida “responde a la necesidad urgente de ampliar la oferta de atención”.
También plantea el fortalecimiento de las Casas de Medio Camino dedicadas a la salud mental y las adicciones y la promoción de la telemedicina en salud mental “para aumentar significativamente la disponibilidad de consultas y reducir los periodos de espera de los usuarios que necesiten acceder a un especialista”.
Acceso a la vivienda para los jóvenes y subsidios a jubilados y pensionistas
El texto plantea el traslado de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial a Ambiente, la fusión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial con el Mides y el traslado de Mevir, fortaleciendo los programas barriales.
Propone un “programa de acceso de jóvenes”, “programas de subsidio a jubilados y pensionistas”, mejoras a la ley de vivienda promovida Fomento al Cooperativismo, así como tecnología y sostenibilidad para la vivienda.
Política de saturación social en seguridad
El capítulo de seguridad detalla la implementación de una política de “saturación social” para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito, que permitirá tengan “una contención integral e interinstitucional, inmediata y sostenida”.
El programa plantea la incorporación de 1.500 efectivos a la Guardia Republicana, fortalecer la Policía Comunitaria, blindaje de las fronteras con apoyo militar y la lucha contra el lavado de activos, entre otras propuestas.
