Dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria por 180 días con colocación de tobillera electrónica, mientras avanza la investigación:
La Justicia imputó al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos. La jueza en lo penal de primer turno, Ximena Menchaca, dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria por 180 días con colocación de tobillera electrónica, mientras avanza la investigación.
Besozzi enfrenta cargos por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. La causa involucra a más de 20 personas imputadas por delitos como liberación de cheques sin fondos, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos.
El abogado del exintendente, Nelson Rosa, anunció que presentará una apelación contra la decisión judicial.
Besozzi fue detenido el jueves en la mañana y prestó declaración ante la Fiscalía hasta la media tarde, momento en el que fue trasladado al juzgado para la audiencia de formalización. Junto a él, también fueron detenidos y declararon ante la Fiscalía el secretario general de la Intendencia, Daniel Gastán; el prosecretario Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Auditoría, Germán Cavallero; el director de Obras, Pedro Nocetti; y el director de Logística, Jonathan Torres.
Las imputaciones alcanzan a estos funcionarios por distintos delitos. Gastán fue acusado de peculado, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones; Castillo, de cohecho calificado; Pedro Besozzi, de peculado y abuso de funciones; Nocetti, de peculado y abuso de funciones; Cavallero, de concusión y omisión de denunciar delitos; y Torres, de utilización indebida de información privilegiada, omisión de denunciar delitos y cohecho calificado. Todos permanecerán en arresto domiciliario total.
En el marco de esta investigación, la jueza Menchaca dictó sentencia contra el funcionario municipal Alcides Rivero, el camionero Gilberto Castromán y el funcionario policial Pierre Capuccio, quienes habían sido imputados en julio del año pasado.
El caso se originó a partir de un incendio en la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano, ubicada en el primer piso del teatro 28 de Febrero. Un informe de Bomberos determinó que el fuego fue provocado de manera intencional, con el aparente objetivo de destruir documentación relacionada con compras de la Intendencia de Soriano, pagos a proveedores con cheques sin fondos y otros registros administrativos del sindicato
