En ese momento, a partir de un informe encomendado a un grupo de trabajo liderado por el coordinador del Programa de Políticas Lingüísticas con integrantes de los subsistemas de ANEP y la dirección de Derechos Humanos, el Codicen estableció que el uso del lenguaje inclusivo era posible siempre que no afectara las “reglas gramaticales” y “mediante la búsqueda de términos inclusivos”.
El año pasado, el máximo organismo de la ANEP volvió a encomendar un informe sobre el tema, esta vez al subdirector de Secundaria, el profesor de Idioma Español Óscar Yáñez, quien realizó un análisis de la circular de 2019 “desde una perspectiva objetiva lingüística, pero sin perder de vista la relación lenguaje – pensamiento”, según se establece en los considerandos de la resolución tomada a finales de 2021, a la que accedió la diaria.
Entre los puntos más destacados del informe, el Codicen resalta que los llamados términos inclusivos deben “respetar las reglas y apelar a un caudal léxico disponible, lo que impulsa a promover transversalmente la enseñanza de la lengua como un fin inexcusable de la educación”. De todas formas, se plantea que “es imprescindible reconocer” que las variedades lingüísticas existen y que, más allá de “las apreciaciones que sobre cada una de ellas el hablante posea, el sistema educativo debe respetarlas”.
No obstante, se señala que los estudiantes deben desarrollar una competencia lingüística “que vaya más allá de su entorno inmediato”. Además, que “la enseñanza de la lengua estándar y la regularización que se obtiene desde la escritura o desde las normas de la lengua garantizan la pertenencia” a una “comunidad lingüística de varios millones de hablantes”, que es necesario reconocer. “La lengua estándar da certezas para mantener la unidad, a la vez que el respeto a las variedades asegura la identidad del hablante”, dice la circular, que afirma que esas pautas permiten cumplir con los “principios guía” del sistema educativo sobre “qué lengua enseñar”.
La circular establece que el “objetivo de la educación” debe ser “desarrollar y formar ciudadanos con la capacidad de elegir su modo de hablar, sin imponer una variedad minoritaria, lo que constituye sin lugar a dudas una forma de respeto a la libertad”. Más allá de ello, se reconoce que las variedades minoritarias “enriquecen la lengua” y, en el “discontinuo lengua – sociedad” se producirán “cambios que los hablantes estimen pertinentes para sostenerlos en el uso”.
El Codicen considera que, en el marco de su compromiso “con la equidad de género y el abordaje e implementación de prácticas que contribuyan a disminuir las brechas de género”, el uso del lenguaje inclusivo “deberá ajustarse a las reglas del idioma español”. En tal sentido, para “evitar cualquier sesgo discriminatorio en la comunicación” se deben utilizar “otros mecanismos inclusivos” cuando ello sea posible, algo que la propia ANEP propiciará.
Según señalaron a la diaria desde la ANEP, la normativa no presenta grandes variaciones con la resolución tomada en 2019 sino que se apuntó a “mejorar su redacción”. Además, se afirma que las orientaciones están dirigidas principalmente a funcionarios docentes y no docentes del organismo, por lo que, por ejemplo, no afectará directamente a las formas de expresión de los estudiantes.
