Consagrado en el artículo 38 de la Constitución, esta disposición entró en vigencia a partir de la Ley 19.932, que elaboró el Poder Ejecutivo y aprobó el Parlamento, con los votos del oficialismo, el 19 de diciembre:
Se extiende por un mes la limitación transitoria del derecho a reunión, la cual fijaba una duración de 60 días pero preveía la posibilidad de extender el plazo mediante un decreto, por única vez y por un período de 30 días.
Esta ley habilita al Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y también a los gobiernos departamentales, a disponer el cese de las aglomeraciones de personas “que generen un notorio riesgo sanitario”, entendiéndose como tales “la concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario, ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados, tales como tapabocas, mascarillas, protectores faciales y otros elementos de similar naturaleza, según el caso, destinados a reducir la propagación de enfermedades contagiosas”.
Consultado por la diaria, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, confirmó que Lacalle Pou “va a instrumentar” la posibilidad que establece la norma de extender la duración de las medidas. Este miércoles, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se manifestó a favor de prolongar su aplicación, y dijo que sugirió a Presidencia seguir ese camino: “Nosotros creemos que se dan los extremos que permiten ampliar ese plazo; es lo que hemos sugerido al Poder Ejecutivo y la definición dependerá, por supuesto, del presidente Lacalle Pou y del Consejo de Ministros”, sostuvo en rueda de prensa.
Larrañaga argumentó la “importancia” de seguir en esta línea en que “se han realizado 3.500 operativos del Ministerio del Interior [MI], unos 800 del Ministerio de Defensa Nacional [MDN], y creemos que han sido exitosos, que han servido para la población en general para ayudar a evitar el mayor contagio”. Asimismo, el jerarca destacó que estos operativos “se han hecho, en la inmensa mayoría, sin situaciones de violencia que lamentar”. “Creemos que es importante hacer el mayor esfuerzo, máxime cuando estamos cerca del proceso de vacunación, que supone el tramo donde vamos a poder tener la chance de empezar a superar la pandemia”, consideró. Durante su alocución, Larrañaga había sugerido que la extensión se aprobara a más tardar este jueves, y no esperar al Consejo de Ministros, para que mantuviera la vigencia durante el fin de semana.
Al extender la vigencia de esta ley hasta el 19 de marzo, el Poder Ejecutivo estaría habilitado a disolver una eventual manifestación por el 8 de Marzo, que tradicionalmente congrega a cientos de miles de mujeres. Al respecto, el titular de Interior aseguró que no se realiza la extensión de esta medida “en contra de ninguna movilización ni nada por el estilo”, sino que se hace “en defensa de los tres millones y medio de uruguayos”.
Fuentes del MDN indicaron a la diaria que el ministro de Defensa, Javier García, también tiene una “posición favorable a prorrogar” la norma.
Oficialismo vincula baja de contagios a la aplicación de la norma; oposición habla de “irregularidad” y “selectividad” El trámite parlamentario del proyecto de ley que presentó el gobierno enfrentó al oficialismo y la oposición: mientras que la bancada de la coalición defendió la necesidad de recurrir a esta medida para frenar la curva de contagios de coronavirus, el Frente Amplio catalogó el proyecto como “impreciso” y poco garantista de los derechos individuales.
Dos meses después, las posiciones se mantienen: “La aplicación en la práctica creo que fue exitosa desde el punto de vista de que se logró, por lo menos, un marco legal con el cual disuadir la aglomeración de personas en los espacios públicos”, reflexionó el senador nacionalista Gustavo Penadés en diálogo con la diaria. “Son hipótesis de difícil confirmación, pero creo que si en un momento teníamos un elevado nivel de contagios, [luego] hubo un marco legal que le dio herramientas a la autoridad para poder desestimular la aglomeración de personas, y a su vez el nivel de contagios ha disminuido; por lo menos podemos arribar a la conclusión de que la medida no fue negativa”, señaló el legislador, que se manifestó proclive a extender la vigencia de la norma por 30 días más “justamente porque se ha logrado una meseta en la cantidad de contagios”. No obstante, Penadés consideró que esta normativa “tiene que estar acompañada de un fuerte compromiso de la ciudadanía” para generar “una mejora sustancial en la cantidad de contagios, que han disminuido en el Uruguay”.
