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Justicia argentina procesa por corrupción a expresidente Alberto Fernández

Por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros, que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada:

La Justicia argentina procesó este jueves al expresidente Alberto Fernández (2019-2023) por presuntos actos de corrupción durante su gestión de Gobierno, relativos a la contratación de seguros desde el Estado que habrían beneficiado al marido de su secretaria privada.

El juez Sebastián Casanello enjuició a Fernández bajo el cargo de «negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública», que el Código Penal de Argentina castiga con prisión desde uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y, además del exmandatario, fueron procesadas otras 33 personas.

En concreto, el magistrado precisó en su fallo que Héctor Martínez Sosa, bróker de seguros y esposo de María Cantero, asistente privada del expresidente, fue beneficiado por un decreto publicado en 2021 con la firma de Fernández para que las entidades públicas contrataran los servicios de la empresa Nación Seguros.

Además, el juez Casanello embargó a Fernández por 14.634.220.283 de pesos (11.653.771 de dólares), y procesó a Cantero por negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria, a Martínez Sosa como partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles, y al exjefe de Nación Seguros Alberto Pagliano por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles.

A Fernández lo habían imputado en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González, a raíz de una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez, que lo acusó de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La denuncia pidió que se investigaran las presuntas irregularidades en torno al decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, por el que ordenó que todos los organismos públicos debían contratar los seguros en Nación Seguros, del estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones.

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Frente Amplio Nacionales Política

Se formalizó investigación por corrupción contra el exsenador Charles Carrera

Montevideo, Uruguay, 18 de Agosto de 2021 Política. Interpelación al Ministro Luis A Heber por parte del miembro interpelante Charles Carrera por contrato del estado con Katoen Natie. Camara de Senadores. Foto: Gastón Britos / FocoUy

Por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información confidencial:

La jueza Lorena Juliano formalizó al exsenador frenteamplista Charles Carrera para investigarlo por fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información confidencial.

La formalización, sin prisión, es por 90 días. La fiscal Sandra Fleitas había solicitado como medidas cautelares el arresto domiciliario, tobillera y prohibición de usar redes sociales por 150 días.

Más temprano, la Justicia no había dado lugar al pedido de prórroga presentado por la defensa y decidió iniciar la audiencia de formalización contra Carrera.

La defensa argumentó el pedido en el cambio de carátula que definió la nueva fiscal de la causa, Sandra Fleitas, que pasó de «abuso innominado de funciones» y «cohecho» a «fraude», «falsificación ideológica de documento público» y «utilización indebida de información privilegiada».

El patrocinante de Carrera, Juan Manuel González, sostuvo que el cambio de tipificación obliga a modificar la estrategia de la defensa que requiere preparación especial, por lo que solicitó el aplazamiento de la audiencia por 120 días. La jueza Diovanet Olivera consideró que la defensa tuvo acceso a la carpeta con suficiente antelación, por lo que dio curso al comienzo de la audiencia de formalización.

Fuente: Medios Públicos.

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Mundo

La Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por perjuicio del Estado.

En Argentina, a la ex presidente de 72 años le dieron 6 años de prisión domiciliaria en este caso y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida:

La Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó por unanimidad el recurso presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El fallo pone fin a un proceso que se remonta a 2008, cuando se investigaron irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. Según el tribunal, existió una maniobra fraudulenta prolongada entre 2003 y 2015, liderada por Cristina y sus funcionarios, para favorecer a Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares, sobreprecios y obras inconclusas. Las maniobras generaron un perjuicio al Estado estimado en 84.000 millones de pesos. La Corte en su sentencia destacó que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso”, y “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.

La exmandataria, de 72 años, tiene un plazo de cinco días hábiles para presentarse ante el Tribunal Oral Federal 2, que definirá si cumple la pena en prisión domiciliaria por su edad. Su defensa también solicitó la exclusión de la tobillera electrónica, aunque esa opción parece remota.

Con la sentencia firme, Cristina Fernández de Kirchner queda automáticamente inhabilitada de por vida para postularse a cargos públicos y queda fuera de las elecciones legislativas de septiembre y octubre, marcando un antes y un después en la política argentina.

La justicia le dio a la ex mandataria argentina, cinco días hábiles para presentarse ante los tribunales para ser detenida.

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Detuvieron en Brasil al expresidente Fernando Collor de Mello, condenado por corrupción

En una investigación derivada de la megacausa Lava Jato, el exmandatario fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador.

El expresidente de Brasil Fernando Collor de Mello (1990-1992), condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción, fue detenido este viernes por orden de un juez de la corte suprema, informó a la AFP una fuente de la Policía Federal.

Collor, de 75 años, fue detenido en Maceió, en el estado de Alagoas (noreste), señaló bajo anonimato la fuente que no estaba autorizada a tratar públicamente el asunto.

En una investigación derivada de la megacausa Lava Jato, el exmandatario fue hallado culpable de recibir 20 millones de reales entre 2010 y 2014 (3,5 millones de dólares, al cambio actual) cuando era senador, para «viabilizar irregularmente contratos» entre una constructora y una exfilial de la petrolera estatal brasileña Petrobras.

La orden de prisión fue dada por el juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF), y será sometida a refrendación por el plenario de la corte el viernes.

Collor debe permanecer bajo custodia policial en Maceió «hasta decisión del STF», indicó la fuente.

Su defensa recibió el fallo «con sorpresa y preocupación», según una nota enviada a la prensa.

Collor no es el único exmandatario brasileño en tener líos con la justicia. Desde el fin de la dictadura militar (1964-1985), cuatro de los siete ocupantes del palacio presidencial de Planalto fueron en algún momento condenados, encarcelados o destituidos.

Y el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) está a punto de ser juzgado por un intento de golpe de estado tras ser derrotado en su aspiración de ser reelecto.

AFP

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Fiscalía imputó a Guillermo Besozzi por irregularidades en la Intendencia

Dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria por 180 días con colocación de tobillera electrónica, mientras avanza la investigación:

La Justicia imputó al exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, por presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos. La jueza en lo penal de primer turno, Ximena Menchaca, dispuso como medida cautelar la prisión domiciliaria por 180 días con colocación de tobillera electrónica, mientras avanza la investigación.

Besozzi enfrenta cargos por peculado, tráfico de influencias, concusión, cohecho, omisión de denunciar delitos, abuso de funciones y cohecho calificado. La causa involucra a más de 20 personas imputadas por delitos como liberación de cheques sin fondos, estafa, apropiación indebida, receptación, hurto, cohecho y falsificación de documentos.

El abogado del exintendente, Nelson Rosa, anunció que presentará una apelación contra la decisión judicial.

Besozzi fue detenido el jueves en la mañana y prestó declaración ante la Fiscalía hasta la media tarde, momento en el que fue trasladado al juzgado para la audiencia de formalización. Junto a él, también fueron detenidos y declararon ante la Fiscalía el secretario general de la Intendencia, Daniel Gastán; el prosecretario Gonzalo Castillo; el director de Hacienda, Pedro Besozzi; el director de Auditoría, Germán Cavallero; el director de Obras, Pedro Nocetti; y el director de Logística, Jonathan Torres.

Las imputaciones alcanzan a estos funcionarios por distintos delitos. Gastán fue acusado de peculado, omisión de denunciar delitos y abuso de funciones; Castillo, de cohecho calificado; Pedro Besozzi, de peculado y abuso de funciones; Nocetti, de peculado y abuso de funciones; Cavallero, de concusión y omisión de denunciar delitos; y Torres, de utilización indebida de información privilegiada, omisión de denunciar delitos y cohecho calificado. Todos permanecerán en arresto domiciliario total.

En el marco de esta investigación, la jueza Menchaca dictó sentencia contra el funcionario municipal Alcides Rivero, el camionero Gilberto Castromán y el funcionario policial Pierre Capuccio, quienes habían sido imputados en julio del año pasado.

El caso se originó a partir de un incendio en la sede de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Soriano, ubicada en el primer piso del teatro 28 de Febrero. Un informe de Bomberos determinó que el fuego fue provocado de manera intencional, con el aparente objetivo de destruir documentación relacionada con compras de la Intendencia de Soriano, pagos a proveedores con cheques sin fondos y otros registros administrativos del sindicato

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Nacionales

Senador Penadés fue formalizado por delitos de explotación sexual de menores

También fue formalizado Sebastián Mauvezín y ambos cumplirán prisión preventiva:

La justicia formalizó al exsenador nacionalista Gustavo Penadés por la presunta comisión de diversos delitos explotación sexual de menores de edad, informó el vocero de Fiscalía, Javier Benech, al finalizar la audiencia convocada para este martes.

En concreto, la formalización fue por 11 delitos de retribución, 4 delitos de abuso sexual especialmente agravado, 3 delitos de abuso sexual agravado, 1 delito de violación, 1 delito de desacato, 1 delito de corrupción de menores y 1 delito de atentado violento al pudor; todo en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

En el marco de la investigación, también fue formalizado el profesor Sebastián Mauvezín, en su caso, por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores en régimen de reiteración real y en calidad de autor.

Ambos deberán cumplir prisión preventiva por 180 días.

Además, se trabó un embargo genérico a Penadés de 25.000.000 de pesos y respecto de Mauvezín, el embargo es por 3.000.000 de pesos.

A ambos imputados se les suspendió el ejercicio de la patria potestad o guarda e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, y de todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, conforme lo establecido en el art. 79 de la Ley 19.580.

Al término de la audiencia, la fiscal Alicia Ghione, dijo a los medios presentes que «El plan del que hablaba Penadés es un plan que armó el propio senador con información pública y colaboración de asesores y policías. Hay un jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación, detenido desde las 19 horas de hoy», dijo.

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Nacionales

Vendían celulares a presos y avisaban requisas; fueron formalizados.

Se trata de dos operadores penitenciarios de Durazno que fueron entregados a la justicia por el MI:

Formalizaron a integrantes de cárceles por presuntamente ingresar y vender teléfonos celulares y cargadores a reclusos. Además, uno de ellos también por avisar previamente a internos sobre la realización de requisas, informó este martes el Ministerio del Interior.

Según explica el comunicado oficial, la investigación comenzó en febrero de este año y fue llevada adelante por la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario (UIAP) de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional junto con la Fiscalía de 2do. Turno de Durazno.

Luego se indica que en el marco de la operación “Entrada 8” se recolectó evidencia que permitió establecer que B.R.A.C., mujer de 35 años y H.L.R.R., hombre de 33 años, ingresaban teléfonos y cargadores que entregaban a las personas privadas de libertad a cambio de dinero. Además, el hombre advertía a internos cuando se iban a realizar requisas.

De acuerdo a la información recabada las maniobras venían realizándose desde 2020, señala el documento.

El 23 de marzo ambos operadores penitenciarios fueron llevados ante la Justicia y se los formalizó por la presunta comisión de reiterados delitos de cohecho calificado, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autores, a la pena de 12 meses de prisión que cumplirán bajo el régimen de libertad a prueba. Además, se les impuso una multa de 50 unidades reajustables y fueron inhabilitados por dos años para todo cargo público, concluye el MI.

Foto de MP.

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Nacionales Política

Fiscalía anunció el traslado de Gabriela Fossati

Sabrina Flores estará a cargo del caso Astesiano

El fiscal de Corte, Juan Gómez, informó que la doctora Gabriela Fossati será trasladada de la Fiscalía de 12º Turno de Flagrancia a la de 16º Turno de Flagrancia.

También dispuso que Sabrina Flores sea trasladada al cargo vacante que deja Fossati desde este martes y será la responsable de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 12º Turno, entre los que están el caso Astesiano y el caso Leal.

La Fiscalía de Flagrancia de 16º turno estaba vacante por el traslado de Angelita Romano a la recientemente creada Fiscalía de Estupefacientes de 4º turno.

«Como ustedes saben, es público y notorio, los múltiples planteos de la doctora Fossati, manifestando sufrir hostigamiento, inseguridad y presiones diversas. Ha indicado su parecer, valorada la conveniencia, oportunidad, y requerido una respuesta del señor fiscal de Corte, vinculada a su continuidad, llevando adelante fundamentalmente el expediente conocido como el caso pasaportes, que ha reiterado esa idea que tenía de ser movilizada de la investigación», dijo Gómez, quien recordó los últimos planteos que hizo Fossati a través de emails.

«Quizá es momento de que revierta su decisión anterior y me sustituya en la tarea que llevo adelante en estas causas. No tengo reparos en que los referidos expedientes sean recomendados a otro colega si eso fuera conveniente como mensaje», escribió la fiscal.

Fossati también le manifestó a Gómez dos destinos posibles para su traslado: la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos u homicidios. «No es posible, encontrar ni una ni otra posibilidad de traslado, en razón de que no existe vacante en ninguna de esas fiscalías, actualmente», respondió Gómez.

Además, Gómez sostuvo que este lunes, en una reunión con Fossati, esta le reiteró la idea de ser trasladada a Delitos Económicos.

Gómez se refirió al incidente entre los fiscales Fossati y Fernando Romano, calificando como un «hecho desagradable». «Esos dos fiscales estaban en la misma cuarteta, y lo que buscamos es evitar situaciones de futuro. No podemos manejar una institución tan importante como esta únicamente por circunstancias ocasionales sin pensar la forma de resolución definitiva de esa situación», dijo y aclaró que lo que buscan es cambiar la integración de las cuartetas de turno. Fiscalía investiga un planteo por violencia de género que presentó Fossati contra Romano.

Además, remarcó que los traslados «no tienen relación directa ninguna» con la denuncia presentada por el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño. Agregó que todavía no tiene a disposición el informe que realiza Fiscalía a raíz de esta denuncia administrativa. «Acá no se trata de actuar bajo presión de absolutamente nadie. Nosotros cumplimos la obligación legal y constitucional que nos ampara con independencia y con mucho respeto a toda cuestión que tenga que ver con partidarismo o ideologías. Nosotros no estamos para eso, estamos para garantizar a la población un servicio serio, un servicio confiable», sostuvo.

Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Presidencia puso a disposición los chats entre Lacalle y Astesiano, informó Fossati

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

La fiscal enfatizó que «nadie tiene coronita» en la investigación:

Este domingo, la fiscal del caso Astesiano, Gabriela Fossati, hizo saber su posición sobre la ausencia de los chats entre el presidente Luis Lacalle Pou y Alejandro Astesiano en la investigación. A través del director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, Fosatti expresó que el no uso de los chats «partió de una mala comunicación de parte de los intermediarios, particularmente de personal de Inteligencia que estuvo la noche de la detención». Agregó que eso está resuelto por ofrecimiento de la propia Presidencia.

La semana pasada, El Observador había informado sobre la exclusión de los chats entre el mandatario y Alejandro Astesiano. Según informó este domingo la fiscal, la recuperación de los chats borrados está resuelta por ofrecimiento de la propia Presidencia y se ponen a disposición los elementos para tratar de recuperar lo que se pueda.

En cuanto a la denuncia de espionaje contra Mario Bergara y Charles Carreara, Fosatti dijo que aún no se conoce la dimensión de los hechos, que citó a ambos legisladores y que, una vez que concurran a Fiscalía, les va a «poder transmitir a tranquilidad que están exigiendo».

 

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Nacionales Política

Tras investigación, Mides llevará a Fiscalía irregularidades en ollas y merenderos

Detectó que se «inflaba» la cantidad de ollas y merenderos en funcionamiento y en algunos casos se hacía un uso partidario:

El ministro Martín Lema informó los resultados de una investigación administrativa iniciada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que se realizó sobre el accionar de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) en ollas populares y merenderos.

“Lamentamos los resultados contundentes de esta investigación, donde queda totalmente probado que se trata de una organización con fines políticos que realizó maniobras que pudieron perjudicar a personas que necesitaban la llegada eficiente de alimentos”, expresó Lema este miércoles en conferencia de prensa.

Según Lema, la investigación fue minuciosa y seria, con 200 visitas, mediante las que la instructora recabó testimonios, documentos y actas, en las que están las pruebas de las afirmaciones.

La primera conclusión de la investigación fue que de la cantidad de ollas y merenderos que se hacía referencia públicamente, «al menos 68 no funcionaban o nunca funcionaron».

Además, se “inflaban” los números de las iniciativas por parte de la CPS, la cantidad de días de atención y la cantidad de porciones servidas.

Por otra parte, se señala que la distribución de alimentos no era transparente: «no se mostraban los remitos con el detalle de los insumos y, en general, las ollas y/o merenderos coordinados por la red recibían menos insumos de los que tenían asignados».

La investigación reveló que se retiraron alimentos por parte de la coordinadora en la Asociación Civil Uruguay Adelante que no fueron entregados a varias ollas y/o merenderos declarados.

Según los testimonios de la investigación, algunas ollas que no funcionaban recibían insumos e incluso, se vendían.

Algunas ollas asistidas por el Estado funcionaban en comités de base políticos partidarios.

Según se indica, algunos referentes de las ollas debían asistir a reuniones del plenario de su red bajo la presión de que si no asistían se iban a retirar los alimentos.

En otro orden, existen denuncias de apropiación indebida por parte de integrantes de la red, así como también por parte de referentes de ollas. Estas denuncias fueron realizadas por exintegrantes de la coordinadora.

«Estas conclusiones se dan en el marco de una muestra. Es un escenario de mínima, comprobado de forma contundente», apuntó Lea.

“Lamentamos el uso de la alimentación de las personas que se encuentran en vulnerabilidad que no representa a nuestro país ni al trabajo solidario. Es rechazable, lamentable y hay que actuar en consecuencia (…) Es una operación política que tiene consecuencia y que la padecen quienes más lo necesitan”, agregó.

En el marco de esta investigación, la Coordinadora Popular y Solidaria fue convocada y se negó a dar su postura al respecto.

El Mides remitirá los antecedentes de la investigación a Fiscalía.

Además, resolvió mantener el apoyo directo a las ollas y merenderos con la distribución a cargo de las Fuerzas Armadas.

Foto: Comunicación Presidencial.