A través de un extenso hilo en su cuenta de Twitter, el presidente de la República aclaró algunos puntos clave de la nueva ley.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, indicó porqué entiende que la Ley de Urgente Consideración, promulgada este jueves, es «popular, justa y necesaria».
A través de un extenso hilo en su cuenta de Twitter, el mandatario se refirió a los distintos temas que trata la ley, entre ellos el acceso a los alquileres, la agilización de los trámites para adoptar niños y la creación de la Dirección Nacional de Políticas de Género, entre otras cosas.
El presidente indicó que la LUC «beneficia a los pequeños y micro emprendedores que inicien una actividad económica, con fuertes beneficios y exoneraciones en los aportes jubilatorios patronales y el IVA mínimo durante los primeros 12 meses de actividad».
Con respecto a la educación, Lacalle Pou indicó que la normativa «cambia la gobernanza del sistema educativo, fortaleciendo el funcionamiento de los centros educativos porque jerarquiza la formación docente, dándole al Consejo de Formación en Educación el respaldo legal que no tenía hasta ahora». Además, indicó que se crea el Sistema Nacional de Becas de Formación en Educación, que, según agregó, «promoverá la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación, lo cual redundará en un aumento de la calidad».
El proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) impulsado por el oficialismo recibió hoy su sanción definitiva en la Cámara de Senadores tras las modificaciones realizadas en Diputados. El Frente Amplio no aprobó los cambios.
Ahora el texto pasará a ser ley tras la promulgación del Poder Ejecutivo.
El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, expresó su satisfacción y destacó el trabajo de los legisladores.
El Parlamento acaba de aprobar finalmente la #LUC . El reconocimiento al trabajo de todos los legisladores que le pusieron esfuerzo, inteligencia y capacidad negociadora. Gran satisfacción de tener este instrumento necesario, justo y popular que hace muchos años comprometimos.
El senador frenteamplista Charles Carrera sostuvo que los cambios realizados en la Cámara de Diputados, algunos de forma y otros de fondo, “ratifican la posición original del FA en cuanto al tema”.
“Los de forma no hacen a la cosa y terminan siendo aspectos decorativos. Lo preocupante son los aspectos de fondo que terminan empeorando más algunos temas”, indicó.
La LUC, compuesta por casi 500 artículos, será uno de los pilares del gobierno de Lacalle Pou.
El texto abarca asuntos diversos, como seguridad, educación, empresas públicas, eficiencia del Estado y vivienda, entre otros.
La Bancada de Diputados del Frente Amplio (FA) emitió una declaración tras la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en la que sostiene que el proyecto de ley “pone en tela de juicio conquistas alcanzadas por el pueblo uruguayo y tiende a concentrar los recursos y el poder”.
Agrega que “el proyecto ha ameritado el más amplio rechazo de organizaciones sociales, instituciones nacionales e internacionales, de la academia y de reconocidos expertos del más amplio espectro quienes han manifestado que muchos de sus contenidos atentan contra libertades y garantías ciudadanas. Los pocos apoyos que recibieron los contenidos centrales del proyecto provienen de sectores históricamente privilegiados o con intereses corporativos muy minoritarios”.
Hoy, la Cámara de diputados votó la #LUC que ahora vuelve al senado.
Hoy, nuestro país retrocedió en derechos y libertades, favoreciendo a unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. pic.twitter.com/TpxSWjtz6W
La Ley de Urgente Consideración, el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y que firmaron todos los socios de la coalición multicolor, se aprobó en la madrugada de este domingo en la Cámara de Representantes. El debate y la votación de esta ley terminó en la madrugada del domingo.
El debate cubrió varias áreas cada día. Este sábado, entre otras cosas, se aprobó con los votos de la bancada de la coalición multicolor y del Frente Amplio la creación del Ministerio de Medio Ambiente y más adelante se discutió sobre la eficiencia del estado y el monitoreo de las políticas públicas.
Ahora, el texto volverá a la Cámara de Senadores y comenzará a ser tratada a partir del próximo martes. La cámara alta tendrá quince días para votar los 32 cambios introducidos en Diputados.
Una vez finalizada la sesión, el presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema, escribió un tuit informando que se había finalizado la votación en la cámara baja y reconoció a los siete partidos políticos por intercambiar opiniones «en el marco de la tolerancia y el respeto».
La Cámara de Senadores votó afirmativamente el proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración. El proyecto, que contaba con 45 días para su aprobación, se trató en Comisión Especial del Senado desde el lunes 4 de mayo hasta el viernes 29. La Comisión recibió a Ministros, altas autoridades del Poder Ejecutivo y representantes de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil. Varios artículos fueron modificados con respecto al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo.
El senador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, expresó su satisfacción con el trabajo e intercambio realizado entre los legisladores de todos los partidos políticos.
«La capacidad que se tuvo de escuchar, de dialogar y de construir una ley que termina siendo una muy buena ley que tiene temas que son importantes para el gobierno y fundamentales para la gente (…) vinculados a la seguridad, a la educación, a temas de gobierno (…) en términos generales estamos muy satisfechos», sostuvo Penadés.
El senador también recordó que en la jornada del viernes, que se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, se creó el Ministerio de Ambiente.
La Cámara de Senadores aprobó la Ley de Urgente Consideración.
Penadés reconoció que fue una ley «muy discutida» y con «importantes resistencias desde la oposición», pero agradeció al Frente Amplio por acompañar la mitad de la ley.
«Creo que eso es también un avance de una cultura de diálogo que el gobierno del presidente Lacalle Pou quiere implementar y en el Parlamento la cultura de diálogo volvió y por suerte a través de esa cultura pudimos construir este resultado», expresó.
El legislador indicó que los temas más discutimos fueron los referidos a la seguridad pública, educación y en materia de derechos; como el derecho a huelga o al libre tránsito.
«Son temas que son fundamentales para establecer una sociedad en la que prime el Estado de Derecho y esencialmente la libertad y los derechos de todos los ciudadanos», sentenció.
El proyecto de Ley de Urgente Consideración pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde tendrán 30 días para analizarla y votarla.
En caso de haber modificaciones la ley volverá al Senado para un nuevo análisis, pero si es aprobada por la Cámara de Representantes ya será sancionada para entrar en vigencia.
El Senado aprobó la nueva regulación de la legítima defensa incluida en el capítulo referido a seguridad de la Ley de Urgente Consideración.
Entre otras cosas, la nueva disposición amplía el derecho a defenderse en otras áreas físicas del hogar.
El senador del Partido Nacional, Jorge Gandini, indicó que el artículo «incorpora también la defensa de lo patrimonial, alguien que reacciona racionalmente y proporcionalmente si se ve agraviado en su propiedad».
Por otro lado, también incorpora la legítima defensa presunta para los efectivos policiales o militares que cumplen funciones de seguridad, aseguró el jerarca.
«Si tienen que actuar dentro del marco de la Constitución y la ley y utilizan la legítima defensa de manera proporcional y racional, se presume que actuaron dentro de la ley», concluyó.
Por su parte, Germán Coutinho, senador del Partido Colorado, explicó que están buscando «que lo que no fue prioridad en los periodos pasados, ahora lo sea y darle las herramientas necesarias al Poder Ejecutivo y al ministro actual para poder cambiar algo que todos los uruguayos en octubre y en noviembre decidieron».
Sin embargo, el senador del Frente Amplio José Carlos Mahía se manifestó en contra de la disposición, ya que entiende que «puede estimular la justicia por mano propia».
«Creo que ese tipo de normas puede estimular el uso de las armas por parte de particulares y eso a veces se asume que es una defensa o una posibilidad de estar más seguro, pero en el enfrentamiento concreto que se da con delincuentes el ciudadano común tiene que recurrir a la Policía y no a ese medio porque está en desventaja, y creemos que lo que se plantea como norma, que es muy vaga, puede traer como consecuencias más problemas», denunció.
Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto, defendió la medida e indicó que esto no habilita «al gatillo fácil». «No es esa la situación porque son presunciones que admiten pruebas en contra y tienen que darse los clásicos tres elementos de la legítima defensa», explicó.
Este miércoles comienza a votarse en general en la Cámara de Senadores la Ley de Urgente Consideración (LUC).
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se reunió este martes de noche con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y le entregó dos copias del proyecto que finalmente fue acordado en la comisión especial que la analizó.
Argimón dijo que no se analizó con el primer mandatario si los artículos del proyecto original que quedaron fuera del texto acordado serán luego presentados como leyes individuales y que ambos evaluaron como muy positivo el acuerdo logrado en la coalición de gobierno en el primer trabajo en conjunto en el Parlamento.
«Se logrará reducir el precio a mediano plazo». Así lo expresó a un importante medio de comunicación de nuestro país.
El senador nacionalista explicó que se trabajó con el resto de los partidos de la coalición para evitar que se cayera el tema de los combustibles de la ley de urgente consideración.
El senador nacionalista Sergio Botana dijo a El País que gracias al acuerdo que se negocia dentro de la coalición para fijar el valor de combustibles -por el criterio de paridad de importación- se logrará reducir el precio a mediano plazo. Es decir, una vez que concluya la pandemia del coronavirus.
Botana explicó que se trabajó con el resto de los partidos de la coalición para evitar que se cayera el tema de los combustibles de la ley de urgente consideración. La norma inicialmente planteaba la desmonopolización de Ancap, pero no contaba con el respaldo del Partido Colorado y Cabildo Abierto. Según el exintendente, la baja del precio del combustible permitirá aumentar la producción y “transparentar la performance de la refinería”.
Consultado acerca de si con la nueva alternativa quedó conforme indicó: “No me rasgo las vestiduras por un mecanismo. El objetivo es que se baje el precio”.
Por otro lado, la coalición negocia otros cambios a la ley de urgente consideración, en especial a los artículos referidos a las áreas protegidas.
Hay un acuerdo para crear un comité por cada área protegida, así como un fondo con contribuciones inmobiliarias de la zona involucrada.
Botana adelantó que está planteado volver al texto original de la LUC que había retirado Ganadería que habilitaba a personas físicas o jurídicas a ser titulares de inmuebles rurales. “Debe volver el artículo porque es importantísimo”, dijo.
Así lo afirmó el Senador Jorge Gandini en Comisión y con la presencia de quien está al frente del MTSS:
Hoy la C. Especial del Senado que analiza el articulado del Proyecto de Ley de Urgente Consideración, recibió al Ministro Pablo Mieres y otras autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
La primera discusión se centró en el derecho a huelga, el derecho a la propiedad y el derecho al trabajo.
Para el Senador Jorge Gandini (Por La Patria), “la constitución consagra en el mismo nivel, no hay derechos más fundamentales que otros. Lo que tiene que hacer el sistema político, representativo y democrático, es regular los conflictos que muchas veces hay.”
“Lo que sucede es que los ocupantes no pueden impedir que los que no quieren ocupar y quieren trabajar, lo hagan. Por poner un ejemplo, veinte personas que quieren ocupar no pueden decidir por quinientos trabajadores. Es decir, esas veinte personas no pueden cerrar el portón, poner la máquina adelante y no dejar pasar a más nadie. O diez profesores no podrán dejar entrar a otros quinientos, o a los estudiantes. Eso no se va a poder hacer más”, explicó Gandini.
“El Estado debe garantizar que los que quieran ocupar, ocupen, pero pacíficamente y sin impedir a los demás que entren a trabajar, ni a los dueños o a los administradores de la empresa que la sigan administrando. Es decir, esas personas no se pueden hacer propietarias de los bienes de terceros, manejarlos, definir qué se hace con ellos y a veces hasta manejar stock y producción. Eso es lo que no se puede y en este proyecto de ley se dice muy claro”, agregó.
El proyecto de ley articula tres derechos
Gandini reconoce que hay varias visiones ideológicas sobre este asunto y “eso es inevitable”, y que, obviamente, “dentro del lugar habrá un conflicto, pero lo que no puede haber es violencia”.
“Lo que no va a poder pasar y, a mí me parece bueno, es que aun sin ingresar se paran en la puerta a gritarle a los que entran a trabajar e impiden que ingresen. Eso es violencia, porque generan al interior de un padre de familia que no está de acuerdo con la huelga y que quiere entrar a defender su jornal –y no siente que no ir a trabajar sea una medida de lucha por algo que no cree– la violencia de tener que sufrir el acoso de otros. Si el Frente Amplio quiere defender eso, tiene que decirlo. Yo no lo quiero defender; quiero defender el derecho a la huelga de los huelguistas; quiero defender el derecho al trabajo de los que libremente quieren ir a trabajar; quiero defender el derecho de los propietarios a defender su propiedad. Creo que la ley articula tres derechos que son legítimos y constitucionales. Esta es mi visión”, sentenció Gandini.
“Son ilegítimos los piquetes que afecten la libre circulación”
Otro de los debates que surgieron en la sesión, fue sobre los piquetes, poniendo foco en la defensa de un derecho consagrado en la Constitución de la República, que es la libre circulación.
Para Gandini “son ilegítimos aquellos piquetes que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios. Ya discutiremos si hay legisladores que entienden que los piquetes que interrumpan la libre circulación de bienes, personas o servicios son legítimos; es un debate político.”
Competencias de la futura cartera, generan diferencias entre oficialismo y oposición. El diputado del Partido Nacional Gerardo Amarilla es el candidato a ocupar la titularidad de la misma.
Este año el Consejo de Ministros sumará un nuevo integrante, el titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La creación de la cartera es un hecho: hay acuerdo en todo el sistema político en cuanto a jerarquizar institucionalmente las competencias relativas al medioambiente. Mientras avanza la discusión parlamentaria sobre la forma que tomará el nuevo ministerio, aún quedan otras cuestiones por definir. Una de ellas es quién estará al frente del ministerio. Según dijeron fuentes del Partido Nacional (PN) a la diaria, el candidato a ocupar ese lugar es el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, aunque aclararon que todavía no hubo un ofrecimiento “formal” de Presidencia de la República.
Lo que ahora está en un primer plano son los artículos de la ley de urgente consideración (LUC) que le dan forma al ministerio. La creación del nuevo ministerio y el articulado correspondiente (285 a 297) estuvieron sobre la mesa en la sesión del jueves de la comisión especial que estudia la LUC con la comparecencia del prosecretario de Presidencia de la República, Rodrigo Ferrés, y el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, para analizar la sección que involucra al ministerio.
La finalidad de la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es darles prioridad a las políticas ambientales por medio de la formulación y la ejecución de “planes nacionales” de protección medioambiental. Sus competencias serán, entre otras, coordinar con otros organismos del Estado, celebrar convenios con empresas “públicas o privadas” nacionales o extranjeras y relacionarse con organismos internacionales para cumplir con sus cometidos. Asimismo, la cartera deberá “promover una cultura del cuidado”, centralizar y difundir públicamente toda la información relacionada con el estado de situación del medioambiente del país, y coordinar acciones con OSE para fijar la política de agua potable y con el Instituto Uruguayo de Meteorología en las “políticas vinculadas a la competencia de este”. Se mantienen las capacidades de inspección y se aumentan las sanciones por incumplir las normas.
Competencias limitadas
Si bien hay acuerdo en todo el sistema político en cuanto a la creación del ministerio, en la discusión en la comisión surgieron algunas diferencias sobre las competencias que se adjudican a la cartera. Entre la larga lista de competencias del ministerio, que se encuentra en el literal F del artículo 287, están las normas de evaluación del impacto ambiental (ley 16.466), ordenamiento territorial y desarrollo sostenible (ley 18.308), el sistema nacional de áreas protegidas (ley 17.234) y la política nacional de aguas (ley 18.610).
En específico, se establece que el ministerio deberá “ejercer” las responsabilidades atribuidas por ley de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua), y las de “toda aquella otra [dirección]” perteneciente al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) “en materia ambiental, desarrollo sostenible y preservación de recursos naturales”.
En ese sentido, podría interpretarse que una parte de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) puede trasladarse al nuevo ministerio, al menos en parte. El planteo fue hecho por la bancada frenteamplista a Ferrés, quien aceptó la conveniencia de la propuesta. Sin embargo, esta disposición preocupa a las autoridades del MVOTMA. En una entrevista con la diaria, el subsecretario de esa cartera, Tabaré Hackenbruch, expresó que la dirección “sí o sí tiene que estar toda junta” y que lo mejor es que permanezca en la cartera de Vivienda.
Lo que faltó incluir
Algunas de las competencias que quedaron fuera del ministerio están en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), como la Dirección General Forestal, la Dirección General de Servicios Agrícolas, la Dirección General de Recursos Naturales y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara). Tampoco se mencionan la gestión de residuos, el control de la producción de transgénicos, la reducción del uso de productos plásticos ni la gestión ambiental en el medio rural, donde las tensiones con la producción son mayores.
En el Frente Amplio (FA), el senador Charles Carrera planteó como inquietud que estas competencias estén por fuera del nuevo ministerio. En una conferencia de prensa, tras la comparecencia de Ferrés, sostuvo que la creación del ministerio no puede consistir solamente en “quitar algunas competencias” del MVOTMA y ponerlas en la nueva cartera. “Hay que profundizar”, remarcó, y sostuvo que “hay que mirar hacia el futuro”. Para el FA, deben incorporarse el control de los montes nativos y “algunas competencias” de la Dinara, además de las de la Dinot.
En la sesión del jueves, Ferrés aclaró, según consta en la versión taquigráfica, que el texto actual de la ley no es el definitivo, sino que está “abierto” para ser complementado y “enriquecido”. Reconoció que “faltan algunos temas sensibles que pueden ser incorporados”, y dijo que al escribir la ley se trató de establecer las competencias “principales” del ministerio y luego trabajar para “mejorar o ampliar” otras que no estén incorporadas “en la ley de presupuesto cuando se cree el programa dentro del inciso”.
Uno de los puntos que para Ferrés deben ser incorporados al nuevo ministerio es el de los montes nativos. Aseguró que sobre eso “no hay dudas”. Pero sí manifestó reparos respecto a la incorporación de la Dinara. Explicó que fue un tema de discusión con los equipos técnicos y que finalmente consideraron que, al involucrar el manejo y la explotación de las distintas especies de peces y la entrega de permisos de pesca, no podría trasladarse por completo al nuevo ministerio.
El prosecretario expresó que, al elaborar el texto de la ley, fue “difícil” separar correctamente las funciones que corresponden a cada ministerio y que eso “necesita más estudio”. Al igual que con ciertas competencias de la Dinara, “buena parte” de los cometidos de la Dinot podría ser incorporada al nuevo ministerio, dijo, pero agregó que la parte de ordenamiento territorial relacionada con proyectos urbanísticos y construcción de viviendas debería permanecer en el MVOTMA. “No podemos pasar en bloque a la Dinot” y dejar sin esa herramienta al MVOTMA, que “necesita instrumentos de ordenamiento territorial para temas como el de los asentamientos y para proyectos de vivienda en general”, opinó.
En ese sentido, las direcciones con varias responsabilidades que incluyan políticas ambientales deberán ser estudiadas para determinar si su división o traslado es conveniente o no, lo que además implica un traslado de recursos humanos y económicos del Estado. La diferencia con la Dinama y la Dinagua es que las oficinas serán trasladadas a la nueva cartera como funcionan actualmente.
Los recursos y funcionarios
Sobre el presupuesto y los recursos humanos que serán asignados a la nueva cartera del Estado, Ferrés planteó que “la idea es no aumentar el gasto”, sino “aprovechar todos los recursos posibles”. De todas formas, señaló que cuando se debata la ley presupuestal “se van a tener que asignar nuevos créditos” y “si no hay recursos humanos suficientes para sustentar las unidades ejecutoras y los programas, se deberá trabajar con la ONSC de forma tal de que se puedan cubrir determinados servicios con un mayor número de funcionarios”.
En su breve intervención, Ramos aseguró que la ONSC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Ministerio de Economía y Finanzas conformaron una “comisión de reestructuras ministeriales” para “estudiar el tema de la redistribución de competencias, enfocados en el planteamiento de una planificación estratégica, como se viene haciendo tradicionalmente”.
En el caso de que también tuvieran que trasladarse trabajadores de direcciones del MGAP, si se decidiera que pasen a la órbita del nuevo ministerio, el Ejecutivo puede disponerlo en el marco del artículo 174 de la Constitución, que establece que el presidente, actuando en el Consejo de Ministros, “podrá redistribuir dichas atribuciones y competencias”.
Conflicto de intereses
El presidente de la ONG Conservación de Especies Nativas del Uruguay, Mauricio Álvarez, dijo a la diaria que tomaron la creación del ministerio como una buena noticia. Sin embargo, entiende que “faltó el paso” de incorporar las competencias ambientales del MGAP, “que no son nada menores”, y que si eso no se cumpliera, “se estaría montando una fachada”. “Escuchamos alguna idea de que estarían incluidas todas las competencias ambientales, pero en la ley queda claro que las del MGAP no están”, agregó.
El presidente de la ONG sostuvo que si no se incluyen las competencias ambientales del MGAP, el nuevo ministerio quedará como “un cartel”: “Algo para hacernos creer que hay interés, pero, en realidad, no va a cambiar mucho”. A su vez, planteó que con esta cartera el gobierno logra subsanar un conflicto del MVOTMA entre los temas ambientales y los de ordenamiento territorial, pero persisten los problemas existentes en el MGAP en relación con la “protección de los bosques y los suelos” y la producción, por ejemplo, por el uso de los agroquímicos. Resaltó que la “prioridad” del MGAP es la producción y por eso es un error dejar en su órbita controles ambientales que hoy “están relegados”.
El senador del FA Eduardo Bonomi hizo un planteo similar en la comisión. Sostuvo que se crea bajo la LUC un ministerio, pero no se incluyen los temas de verdad urgentes para el ambiente ni las “herramientas claves” para abordar esta temática, entre ellos, la pérdida de biodiversidad, la transformación del sistema productivo agropecuario, la gestión del agua y la economía circular. Así, para el senador, se mantiene “la tensión” entre las autoridades a cargo de los temas ambientales y “el peso de los ministros productivos”. Como ejemplo, mencionó que el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Walter Verri, se expresó en contra de la ampliación de la Quebrada de los Cuervos, mientras que el ministro del MGAP, Carlos María Uriarte, aseguró que el sector agropecuario “no genera contaminación del suelo ni del agua”. “Esta tensión surge de la contradicción entre los intereses económicos y el cuidado de nuestros recursos naturales y el ambiente”, agregó.
El Abogado y Diputado Gerardo Amarilla tiene grandes posibilidades de ser el futuro Ministro en cuestión.
