La minera Aratirí anuncio en 2017 su intención de demandar al Estado uruguayo, algo que formalizó a mediados del 2018 ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya .
Aunque una cláusula del código de minería lo eximia de comparecer, el gobierno uruguayo aceptó dirimir esa instancia ante el tribunal internacional.
El monto reclamado era de 3 mil 536 millones de dólares, por concepto de daños y perjuicios al quedar clausurado el proyecto para la explotación de hierro en la zona de Valentines, en el límite de los departamentos de Treinta y Tres y Florida.
La empresa de origen indio en un comunciado adujo incummplimiento del tratado “por la promoción y protección de inversiones” que Uruguay tiene vigente con el Reino Unido.
La minera alegó que la empresa y sus subsidiarias contaban con varios permisos de prospeccion y exploracion que le otorgaban un derecho exclusivo a obtener la explotación del proyecto Valentines .
Sin embargo, el gobierno aducen implementó cambios a la reglas de juego afectando específicamente el proyecto y de forma retroactiva. Otro de los aspectos era la ubicación del puerto para el envío de la producción hacia China.
Las últimas audiencias fueron en Estados Unidos por lo cual viajaron autoridades uruguayas como el exsecretario de la Presidenci, Miguel Ángel Toma.
Hubo declaraciones de funcionarios de los gobiernos de Tabaré Vázquez y de Mujica, y expertos en inversiones.
Después de casi dos años de audiencias y alegatos, el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la controversia. Los jueces entendieron que no eran competentes para resolver el diferendo.
Sin embargo, si exigió a Aratirí el pago de más de 4 millones de dólares al Estado uruguayo por los gastos del proceso judicial.
Telenoche