Estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin fondos, y usura, entre otros:
El Ministerio de Salud Pública presentó una denuncia penal contra las autoridades de Casa de Galicia por estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin fondos, y usura, entre otros delitos.
Según publica el diario El Pais, la denuncia presentada por el Ministerio de Salud Pública contra las autoridades de lo que fue Casa de Galicia incluye una larga lista de irregularidades que van desde la emisión de cheques sin fondos por millones de dólares, la adquisición de la Clínica Leborgne en Punta Carreta por tres millones y medio de dólares sin una tasación previa, y una maniobra a través de una casa de cambios por la cual su expresidente de la institución, Alberto Iglesias, habría retirado en efectivo el equivalente en pesos de 180.000 dólares que no volcó a la mutualista pese a que estaba destinado a financiar actividades de la empresa.
El informe de la auditoria incluido en la denuncia señala que se advirtió del pago de “tasas de usura a acreedores financieros”, y que “en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales, pero luego se pegaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas”.
El texto también afirma que pocos días después de solicitar el concurso, el ex presidente de Casa de Galicia “firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un Fideicomiso de Administración acordado con República Afisa, lo que implicó la cesión de créditos hasta entrado 2024”.
Y que el ingreso de dinero por préstamos financieros a la institución por sumas millonarias “carecía del debido control sobre el origen de los fondos”. Y que todo el proceso de compra, desde la identificación de la necesidad de productos o servicios, la elección del proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización de pago, dependía de Iglesias y una persona de su confianza, “que se quitó la vida dos días después de efectivizada la intervención del Poder Ejecutivo”.
La denuncia también destaca que las retenciones efectuadas a los sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia — para el pago de alquileres, cuotas del Banco Hipotecario, de cooperativas de ahorro y crédito, o de la Agencia Nacional de Viviendas— “no fueron vertidas a los organismos e instituciones correspondientes”.
